EN la primera lectura, la noticia parece una broma de esas que antes se colaban en los periódicos el Día de los Inocentes. Pero no, está fechada en otro día de la misma semana. Me refiero al caso de esa niña de tres años, nacida en el hospital de Cruces y residente en Galdakao, a la que el Gobierno español niega la nacionalidad porque no ha acreditado “buena conducta cívica”.

Esta es la historia de la burocracia contra los derechos. El asunto fue denunciado en verano por CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). La niña, de padre y madre congoleños, tiene en vigor una tarjeta de residencia hasta mayo de 2017, pero el ministerio de Ruiz – Gallardón dice que no fue renovado cuando supuestamente tocaba: junio de 2012.

Se supone, según el peculiar argumento ministerial, que la buena conducta cívica del solicitante debe quedar acreditada con el cumplimiento de sus deberes administrativos entre los que figura estar pendiente de tener los papeles al día. Ya de por sí es muy discutible, pero lo surrealista llega cuando esa responsabilidad se achaca a una niña de tres años. Todo apuntaba a un error, claro. Pero por dos veces le han explicado oficialmente en respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, que no, que no es un error y además largan un argumentario que toma como referencia nada menos que al Tribunal Supremo.

Es de locos, o de botarates, pero alguien ha gastado mucho tiempo y dinero para llegar a la conclusión de que una niña de tres años no demuestra una buena conducta cívica. No sus progenitores, ¡qué va!, la mismísima niña. O sea, que al entender de Gallardón, el nasciturus tiene muchos más derechos que hay que preservar que una niña de tres años.

A estas alturas de la historia les imagino igual de perplejos que yo. Pero vayamos un paso atrás, antes del lío burocrático. ¿De verdad que una niña nacida en Bizkaia no tiene derecho a ser española? Pues no, porque aquí lo cuenta es la sangre y no el lugar de nacimiento. De ser así, que me digan en qué lista debo de apuntarme para que el Estado me declare “no español”. A mí no me importaría no corresponder con esa buena conducta cívica que se me supone. Ya puestos, convendría plantear otra cuestión al señor Ruiz – Gallardón: ¿de dónde es la niña? ¿congoleña de Barakaldo?

Como el Ministerio de manera reiterada ha dicho que no se trata de un error administrativo, pongámonos en lo peor: es una cuestión de racismo institucional. Si esa niña nacida de Galdakao fuera blanca y sus padres se apellidarán Pérez o Goikoetxea, no existiría ningún impedimento para ser española. Es más, no le dejarían ser otra cosa al haber nacido en Bizkaia. Tal constatación nos lleva a otra: el Partido Popular defiende una España de ciudadanos que a su entender son “puros” frente a otros, inmigrantes, refugiados, llegados de países lejanos, contaminantes para lo que entienden debe ser un Estado con ciudadanía homogénea.

Este despropósito a cuenta de una niña de tres años lo que nos trae es un debate mucho más profundo sobre las políticas de inmigración y asilo que lleva a cabo el Estado español y que se traduce en facilitar la entrada de no europeos cuando económicamente interesa (o cuando conviene falsear determinadas estadísticas sobre, por ejemplo, afiliados a la Seguridad Social) y poner todos los obstáculos (por absurdos que sean, como en el caso que nos ocupa) cuando el Estado hace balance y le sale más caro incorporar españoles al censo que admitir que son personas con derechos fundamentales.