«Abrumados». Así se sienten los principales promotores de vivienda de la provincia integrados en Provia y que llevan muchos meses de calvario por el ‘stock’ inmobiliario acumulado durante la época de bonanza, el cierre del grifo de la banca para ellos y para sus clientes y el bloqueo de cientos de operaciones de suelo y edificios por parte del ‘banco malo’ o Sareb. Ese estado de ánimo lo transmiten con ocasión de la aplicación de la nueva Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que permite conceder permisos de residencia a los inmigrantes no comunitarios si invierten una determinada cantidad de dinero en su segunda o primera vivienda en la Costa Blanca. Hay un alud de solicitudes y muchas dudas.

Provia asegura, tras reunirse anteayer con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, y con el secretario general, Juan Antonio Gómez, que desde la publicación de esa ley, a finales de septiembre, la aspiración de los promotores inmobiliarios se ven «abrumadas por la petición de información por parte de inversores interesados en esta figura».

Sin embargo, la patronal que preside Antonio Fernández, de Maisa, considera que «actualmente no está clara su aplicación en muchos puntos», por lo que, con el objetivo de aclarar dudas y muchos puntos de la ley, Provia celebró esta jornada técnica.

Provia llevaba muchos meses reclamando esta medida especial que llevan otros tantos años aplicando países como Portugal con muy buenos resultados, según la patronal de promotores y constructores.

Provia explica que, en base a la cantidad de solicitudes de información en firme que reciben las promotoras, «presagia que en cuanto la ley se empiece a aplicar con agilidad tendrá «un gran impacto».

De hecho, asegura Provia, las ventas a clientes comunitarios se han disparado un 35% en lo que va de año, por lo que el aumento de ventas a extracomunitarios gracias a este ley impulsará un poco más la venta a ciudadanos extranjeros en general, añade la patronal. El subdelegado del Gobierno, Alberto Martínez, explicó el procedimiento de obtención de residencia y las condiciones que debe reunir el comprador, a la vez que dio respuesta a las dudas de los promotores. También intervino el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, Delfín Martínez, quien explicó el papel que desarrolla el colectivo para ofrecer garantías de seguridad y facilitar la inversión de extracomunitarios en España. Asimismo, participó el despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira para explicar las repercusiones fiscales de la figura de residencia por inversión para el comprador.

«Éste es uno de los puntos importantes que afectan a la entrada de inversores, dado lo intrincado e inflexible de nuestra ley de blanqueo de capitales», añade Provia, que mantiene la confianza en esta novedosa normativa. Uno de los principales requisitos es invertir 500.000 euros en inmuebles o 2 millones en deuda pública.