El centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca casi siempre, hasta ahora, ha sido noticia para mal. Ayer lo fue de nuevo, a causa de una protesta que tuvo lugar en Barcelona en relación con otra muerte en el CIE. En este caso la de un armenio, Alik Manukyan, de 32 años que, según la policía, se suicidó en la madrugada del pasado 2 de diciembre colgándose de los cordones de sus zapatos. Las entidades sociales que velan por los intereses de los foráneos que son encerrados en el centro por un periodo máximo de 60 días antes de ser expulsados o permanecer en suelo español no dan crédito a la versión oficial.

Pero quien acudió a protestar por lo sucedido fue la comunidad armenia, acompañada de un grupo de subsaharianos. Lo que debía ser una concentración ante la comisaría de policía de la Via Laietana acabó como una manifestación en la plaza de Sant Jaume. Los participantes portaban pancartas con caras de personas fallecidas en el CIE procedentes de distintos países. Representantes de la comunidad armenia consideran que nada indicaba que Manukyan fuera a suicidarse, empezando porque tenía una hija de siete años.

Tanto la comunidad armenia como las entidades consideran que este caso alberga sombras intolerables. Por eso quieren volcarse en el intento de dar con la verdad, que juzgan muy distinta a la ofrecida por la policía. SOS Racisme se personará como acusación popular en el proceso.

No acaban aquí los motivos de denuncia: según las entidades que controlan de cerca el devenir del centro, como Tanquem els CIE, este fin de semana se ha deportado a sus países de origen a dos extranjeros que presenciaron la previa a que Manukyan fuera aislado, antes de su muerte. También son, según esta versión de los hechos, algunos de los que escucharon como gritaba de forma continuada antes de morir. Fuentes de la policía negaron a este diario las deportaciones.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO / Entretanto, tanto la Defensora del Pueblo como el Síndic de Greuges han abierto investigaciones sobre lo sucedido, aunque el segundo no puede poner un pie en el CIE, coto estatal. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, envió el pasado jueves a técnicos de su oficina al centro de internamiento para extranjeros de la Zona Franca. Según la propia institución explicó en un comunicado, la visita se debió al objetivo de recabar datos sobre la muerte del ciudadano armenio y para completar la tarea de visitas realizadas previamente, cinco desde el 2009.