No quitarán las cuchillas porque la UE las ve legales

El Mundo, JAVIER G. GALLEGO BRUSELAS CORRESPONSAL, 06-12-2013

El Gobierno no va a retirar las cuchillas colocadas en la valla de Melilla hasta que la Comisión Europea acredite que dicha instalación es ilegal de acuerdo con las normas comunitarias, y ofrezca otra alternativa para disuadir y frenar la entrada de inmigrantes indocumentados en España. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer en Bruselas que la comisaria del ramo, Cecilia Malmström, no le ha planteado ninguna supuesta incompatibilidad de este sistema con las leyes europeas ni le ha propuesto opciones alternativas.

«Nosotros no conocemos ninguna legislación que lo impida», dijo Fernández Díaz, que puso como ejemplo la utilización que hace la Policía belga de vallas con concertinas cuando hay manifestaciones o se celebran cumbres europeas. «Nos consta que hay fronteras también de estados de la UE que las tienen instaladas. Pero estamos dispuestos, como no puede ser de otra manera, si se nos acredita que fuera así, a reconsiderarlo», añadió el ministro.

Interior ha hecho llegar un documento de tres páginas a la Comisión Europea en el que se argumenta que «los ordenamientos jurídicos de los estados miembros incluyen excepciones a la norma de que una acción que causa daño sea considerada antijurídica y culpable». Los supuestos más comúnmente admitidos, dice el texto, «son la legítima defensa, el estado de necesidad o actuar en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, deber o cargo».

Polémica zanjada

Después de la conversación «larga y cordial» que mantuvieron ambos mandatarios, la comisaria Malmström dio por zanjada la polémica, al admitir que en ningún momento había cuestionado la legalidad de estas cuchillas, aunque volvió a reiterar que tienen sus dudas respecto a su eficacia como elemento disuasorio.

Para Fernández Díaz, «se ha demostrado claramente disuasorio en la experiencia», al tiempo que calificó este instrumento de «pasivo» y «no agresivo». «Como Estado no podemos renunciar a lo que es un derecho y una obligación, que es impedir la inmigración irregular a través de nuestras fronteras», destacó el ministro.

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