DOnostia. Primero fue el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa quien dio la voz de alarma por el anteproyecto de Ley de seguridad ciudadana del Gobierno de Rajoy; y después irrumpió la responsable de Interior de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, para expresar alto y claro su preocupación por las medidas represivas del Ejecutivo popular para detener la inmigración ilegal, en particular por la colocación de concertinas en la valla de Melilla. Para más inri, la ONU urgió a España a cumplir con su obligación y a buscar a los desaparecidos del franquismo, instando a la creación de una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura. Los toques de atención proliferan y sitúan al Estado español en el disparadero coincidiendo hoy con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que en opinión de juristas y expertos en la materia consultados por este diario corren peligro de sufrir un deterioro irreversible si los ministerios respectivos se empeñan en plasmar medidas de carácter tan limitador y represivas. O, como afirma Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, “estamos atravesando una grave desconstitucionalización”, desandando la senda de 1978.

Al albur del contexto económico, la aplicación de recortes ha derivado en un desgaste “a conciencia” de los derechos humanos. Lo corrobora Esteban Beltrán, presidente de la sección española de Amnistía Internacional, quien alude a “estas medidas de austeridad que dan la espalda a la educación, la vivienda o la salud, con 873.000 inmigrantes irregulares sin tarjeta sanitaria o miles de desalojos forzosos y ejecuciones hipotecarias”.

“maquillar la ley” Alud de puñales a la ciudadanía, a quien se lanza simultáneamente “un paquete legislativo con la reforma de la Ley de seguridad ciudadana y del Código Penal que, en vez de asegurar derechos como los de manifestación y reunión, les desprotege”. Edmundo Rodríguez, coordinador de Jueces para la Democracia en Euskadi, añade que “se quiere dañar el ejercicio de derechos fundamentales y, a pesar de que se ha tratado de maquillar la Ley” promovida por el ministro Fernández-Díaz, “se pretende que haya sanciones administrativas más duras que ciertos delitos del Código Penal, cuando esas multas estaban pensadas para asuntos de menor relevancia”.

“Todo esto ya empezó con la Ley de tasas” de Ruiz-Gallardón, recuerda Royo, “dificultando a los ciudadanos el uso de instrumentos para el ejercicio de sus derechos, sobre todo a aquellos que menos recursos poseen”, hasta tratar de limar la estrategia de manifestación, “estableciéndose una rebaja muy importante de lo que dice el Constituyente en este terreno”. Rodríguez, que acusa al Ejecutivo español de “poco receptivo, tal y como les han calificado desde Europa”, alude a los propios castigos en forma de reproche procedentes de los organismos del Viejo Continente, que se han incrementado tras instalarse las “dañinas” cuchillas en la verja melillense. Situación dantesca que describía a este periódico Javier Galparsoro, presidente de CEAR-Euskadi, institución que defiende a refugiados y migrantes premiada hoy por Lakua. “Por mucho que Interior se empeñe en decir que las heridas son superficiales, las concertinas matan. Vi cómo se elevaba esa valla a seis metros de altura, hablé con hombres y mujeres que la saltaron y comprendí que para ellos significaba la libertad absoluta. Hablar de invasión es una falacia. Ellos se juegan la vida en ese muro infranqueable”.

Sucesión de dislates que llevaron a Naciones Unidas a mostrar igualmente su inquietud por el escaso alcance de la Ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000. Pérez Royo lo tiene claro: “Es una vergüenza que aquí se haya hablado de justicia universal, se usa la justicia española para acabar con ciertas conductas en el exterior, cuando es en España donde se han cometido los mayores actos de genocidio, y ahí sigue, impune. Es más, algunos que estuvieron en el Tribunal de Orden Público fueron condecorados y acabaron en el Tribunal Supremo o el Constitucional”. Beltrán va un paso más allá: “Mientras en los países europeos por antonomasia la justicia universal ha avanzado en estos 40 años, España es la excepción”. Y puntualiza: “Igual que una víctima de ETA tiene derecho a la justicia y reparación; también las víctimas y familiares de desaparición forzada. Lamentablemente, el Tribunal Supremo cerró la vía judicial en 2012. Ahora, el reto pasa por las personas Billy el Niño y Muñecas, presuntos torturadores, a las que se les ha retirado el pasaporte, pero no hay una vía intermedia: o se les juzga en España o se les extradita a Argentina”, donde unas treinta personas se desplazaron para contar ante la jueza Servini una verdad a la que se quiso pasar página durante la Transición. “Nos estamos alejando de los Derechos Humanos, asignatura que hasta ha desaparecido de la enseñanza”, carga el responsable español de AI. “Estamos lejos de la verdad, del reconocimiento y la reparación”, insiste, aludiendo en los referente al apartado vasco a que “sigue existiendo ambigüedad en la ley de partidos políticos, además de un sistema legislativo que no se ha adecuado” al contexto contemporáneo. Precisamente, respecto a Euskadi, Mikel Mancisidor, director de Unesco Etxea, señala como aspecto a cuidar “las políticas de memoria de todas las víctimas como algo prioritario”

En general, panorama “pesimista” que resume bien Txema Urkijo, director de Derechos Humanos del Ejecutivo vasco: “Al socaire de la crisis y no por ella, se han sumado medidas de restricciones civiles y políticas, asistiendo perplejos a cierta pasividad social, cuando es un tema que no es partidista, por lo que la situación es preocupante”. ¿Solución? Recurrir a instituciones internacionales o, como dice Pérez Royo, “hacer política”. “No hay más herramienta que la urna”, zanja.