El Cuerpo Nacional de Policía ha tramitado
en el País Vasco permisos de
residencia para 331 víctimas de violencia
de género extranjeras sin la
documentación en regla de las cuales
un mínimo de 52 corresponden a
los hijos de las mujeres maltratadas.
Se trata de una medida excepcional
que se puso en marcha en 2011 para
proteger a un colectivo especialmente
vulnerable. Si no se les ofreciera
esta garantía, se daría la paradoja de
que, en el momento de denunciar su
caso, la Policía debería iniciar un
procedimiento de expulsión de España
contra ellas por no tener regularizada
su residencia. Se trata de evitar,
en definitiva, que su situación irregular
en España frene la denuncia y
ponga en riesgo su vida.
Según datos facilitados por la subdelegación
del Gobierno en Álava
que abarcan también a Bizkaia y a
Gipuzkoa, en el primer año en que
funcionó este programa de atención
a extranjeras maltratadas, 2011, 98
fueron los beneficiarios. En 2012 esa
cifra creció hasta los 133 casos y, en
los diez primeros meses de 2013, el
total de extranjeros que se han acogido
a estas medidas excepcionales
son exactamente 100. No sólo las
mujeres maltratadas se pueden beneficiar
de este régimen excepcional
de Extranjería, sino también los hijos
a su cargo. Aunque no hay datos de
Gipuzkoa, en Bizkaia y Álava 52 han
recibido permisos de residencia.
«El hecho de que una mujer extranjera
que se encuentra en situación
de irregularidad denuncie a su
agresor y se le abra un procedimiento
administrativo que puede acabar
en expulsión desincentiva que las
mujeres extranjeras vayan a denunciar
», admitió el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero cuando
modificó la Ley de Extranjería. El
Ejecutivo entendió que una protección
específica para este colectivo
era necesaria porque hasta un 40%
de las víctimas mortales por violencia
de género no son españolas. En
cuanto a los victimarios, también hay
una mayor prevalencia de este fenómeno
entre los extranjeros. Según
datos difundidos en 2012, un 34% de
los condenados no eran españoles,
cuando este colectivo representa al
7% de la población total.
El Cuerpo Nacional de Policía expide
permisos de residencia provisionales
a las víctimas de violencia de
género en cuanto consta una denuncia
y la Fiscalía constata que, efectivamente,
hay indicios de maltrato. A
partir de ahí, la mujer y sus hijos tienen
derecho a obtener documentación
española definitiva siempre que
el proceso judicial se resuelva favorablemente
a sus intereses –basta
que haya constancia del maltrato
aunque la causa se archive por cues-
IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria tiones formales o porque el agresor
haya sido expulsado de España–.
Este programa de protección se
extiende también a las víctimas de
trata y de redes de prostitución. En
2011 una afectada en Álava logró así
un permiso de residencia. Este fenómeno
existe: en abril la Policía desarticuló
una red que traía mujeres desde
Paraguay y rescató a 17 víctimas.