Las batallas políticas del Reino Unido también se libran en Bruselas. Con el ojo puesto en las elecciones nacionales del 2015, el partido conservador liderado por David Cameron se vio obligado ayer a hacer una nueva demostración de fuerza en el corazón de la Unión Europea y propuso a sus socios reunidos en el Consejo de ministros de Interior poner límites a la libre circulación de personas dentro de la Unión.

La propuesta no es nueva. La ministra británica de Interior, Theresa May, la ha estado cocinando desde hace tiempo para recuperar el voto de un electorado cada vez más escorado hacia tendencias políticas euroescépticas, encarnadas en la figura del controvertido eurodiputado Nigel Farage (UKIP).

May aterrizó en la capital belga con dos mensajes claros y sencillos: no quieren más inmigrantes y no están dispuestos a que el Estado del bienestar se ocupe de los que a día de hoy pisan suelo británico. A las puertas del Consejo aseguró que «es necesario cambiar el modo en que funciona la libertad de movimiento en la Unión» y defendió la restricción de ese derecho para «evitar inmigración masiva», proveniente de países miembros pobres o que atraviesan crisis y de aquellos que en el futuro puedan adherirse a la UE. Para estos últimos, el Reino Unido exige que alcancen un nivel económico óptimo antes de abrirles las fronteras con el objetivo de evitar que se beneficien de las prestaciones sociales que ofrecen los socios.

Las reacciones no tardaron en llegar. La primera vino de la vicepresidenta y comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, que harta de los rifirrafes y salidas de tono de los británicos volvió a dejar claro que Bruselas no permitirá socavar un «derecho básico» comunitario. Advirtió al Gobierno de Cameron: «No hay discusión en este punto».

Otro frente abierto es el que surgió tras el debate de los ministros. Al unísono, República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia manifestaron su enfado ante la propuesta de May y le recordaron que los jóvenes que emigran a Reino Unido son un gran activo para su economía.

Los ministros de Interior también revisaron el trabajo realizado hasta el momento en el Mediterráneo para tratar de reforzar las fronteras y combatir las mafias que promueven la inmigración ilegal proveniente del norte de África. Hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la cooperación con los países de origen y apoyar a los socios con mayor presión migratoria.