La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer una proposición de ley socialista que sanciona a los clientes de la prostitución, legal en el país, con una multa de 1.500 euros a imitación del modelo sueco. El texto deberá ser sometido antes de junio de 2004 a la consideración del Senado y en caso de modificaciones persistentes volverá a la Cámara de los Diputados que tendría la última palabra.
La votación reflejó la división de opiniones reinante en todos los grupos parlamentarios que habían dado libertad de voto a sus diputados. Con 79 abstenciones, hubo 268 votos a favor, en su inmensa mayoría de socialistas y comunistas, y 138 en contra, principalmente de ecologistas, radicales de izquierda así como de la oposición conservadora.
La iniciativa se inspira en Suecia, que penaliza a los clientes de los trabajadores del sexo desde 1999 y afirma haber reducido la prostitución callejera a la mitad en diez años. En caso de reincidencia la multa será de 3.750 euros y se prevé como sanción alternativa o complementaria un cursillo de «sensibilización a la lucha contra la compra de actos sexuales».
También se contemplan medidas orientadas a mejorar la protección y la reinserción de las personas prostituidas que incluso facilitan a las extranjeras la obtención de un permiso de residencia en Francia de seis meses. Ante el temor a un efecto llamada de la inmigración clandestina, el Gobierno galo alega que en la permisiva España el 90% de las 300.000 prostitutas es de origen extranjero frente a las 40.000 que hay en Francia, la mayoría procedente de Rumanía, Bulgaria, Nigeria y China.