Berlín. Corresponsal ¿Llegará algún día el hombre (y la mujer) a Marte? Quizá en treinta, quizá en cuarenta años, quien sabe, pero una cosa es segura: cuando ese hito de la conquista espacial se realice, en Alemania aún se estará discutiendo si se puede o no se puede ilegalizar al partido neonazi, NPD.

Consultar la hemeroteca es desesperante: el 23 de diciembre de 1968 el principal semanario del país, Der Spiegel, dedicaba su portada al NPD, bajo el titular: “¿Prohibición?”. Hoy siguen igual. Cuarenta y cinco años dura la epopeya marciana. Por eso, cuando ayer el Bundesrat, la cámara alta que representa a las regiones, presentó su solicitud de ilegalización ante el Tribunal Constitucional, había motivos para suspirar.

Y eso es lo que hace el expresidente de ese tribunal, Hans Jürgen Papier: suspirar escepticismo. La democracia, dice, supone una ilimitada competencia entre ideas y opiniones políticas. “La prohibición de un partido político debe ser la excepción más extrema”, dice.

Tal prurito es encomiable y curioso en un país que en 1951 ilegalizó de un plumazo las juventudes comunistas (FDJ), cinco años después al Partido Comunista Alemán (KPD) y donde la huelga general o la huelga en solidaridad están prohibidas.

La misma actitud se encuentra en ciertos comentarios de prensa: “A veces hay que defender a los enemigos de la libertad por el bien de la libertad”, señala un editorial del Süddeutsche Zeitung.

Ese liberal principio protege desde hace decenios la celebración de manifestaciones neonazis, casi siempre protestadas por contramanifestantes antifascistas que frecuentemente son reprimidos por la policía. La crónica judicial y policial alemana contiene abundantes muestras del ambiguo centrismo practicado por las instituciones del Estado entre fascismo y antifascismo, pero el caso del NSU, un inadvertido trío neonazi destapado en el 2011, que asesinó a diez personas, todas ellas de origen inmigrante excepto una joven policía, entre el 2000 y el 2006, colmó el vaso.

El entorno del NSU estaba repleto de confidentes policiales y de los servicios secretos, unos 25, y también de activistas del NPD, que fue fundado en 1964, tiene 6.000 afiliados y recibe 1,4 millones de subvención. Un funcionario del NPD de Turingia llamado Ralf Wohlleben, fue clave para la logística de NSU y está encarcelado. Esas pruebas han influido en la actual iniciativa del Bundesrat ante el Tribunal Constitucional, y por eso, la cadena de televisión N-TV observaba el lunes que “el proceso de prohibición iniciado mejorará la malograda reputación de Alemania en el mundo”.

La iniciativa está rodeada de ambigüedad. Ni en el Gobierno ni el Bundestag la apoyan, aunque si lo hubieran hecho habría tenido más fuerza ante el tribunal. El argumento del Gobierno, que dice haber colaborado técnicamente, es que la iniciativa judicial tiene pocas perspectivas de éxito. El SPD intentó quebrar esa actitud melancólica introduciendo la ilegalización del NPD en el acuerdo de coalición alcanzado la semana pasada, pero la CDU de Merkel se negó. ¿Llegará el hombre a Marte?.