Xavier García Albiol no se amedrentó ayer en el banquillo de los acusados. El alcalde de Badalona admitió ante el juez algún desliz verbal, algún acaloramiento, pero se mantuvo en sus trece y se presentó como un demócrata cercano a los problemas de la gente, garante de las libertades y de la igualdad. El fiscal y la acusación de SOS Racisme, sin embargo, pidieron un año de prisión, otro de inhabilitación y una multa de más de 8.000 euros por un delito de incitación al odio, la violencia y la discriminación.

Los hechos se remontan a la primavera del 2010. Entonces, una mañana, en compañía de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, el aún aspirante a la alcaldía de la tercera ciudad de Catalunya repartió centenares de dípticos que relacionaban gitanos rumanos e inseguridad. Y luego, durante varios días, realizó declaraciones en las que afirmaba que la mayoría de gitanos rumanos de Badalona se dedicaban a delinquir.

La Fiscalía y la acusación trataron de demostrar ayer que no hay modo de constatar estas afirmaciones con datos oficiales y que el entonces alcaldable proclamó de diversos modos una serie de injurias contra un colectivo muy vulnerable con el único propósito de ganar aquellas inminentes elecciones, aunque sus palabras desataran odio, violencia y discriminación.

García Albiol respondió que su intención era llamar la atención sobre los problemas de la ciudad, que pocos políticos llevan tantos años pateándose las calles como él, escuchando a la gente, acercándose a sus problemas. Además, agregó, muchos de los problemas que quebraban la convivencia en la ciudad eran de escalera, derivados de la sobreocupación de los pisos. Y ello, aseguró, no se refleja en las estadísticas. Albiol añadió que muchas de sus polémicas declaraciones están descontextualizadas, que deben entenderse en el marco de entrevistas más amplias. Y luego se desentendió de otras que sonaban especialmente mal.

El juicio fue tenso. García Albiol fue subiendo el tono a medida que se sucedían las preguntas del fiscal y la acusación. Los rifirrafes fueron constantes. Tanto que el juez tuvo que advertir en varias ocasiones que aquello no era un debate político, sino un juicio, que unos tenían que limitarse a preguntar y el otro a responder. Afuera eran más los que vinieron a mostrar su apoyo al alcalde que los que hacían patente su rechazo. Además, el alcalde llegó a la Ciutat de la Justícia acompañado de altos cargos del PP como Alberto Fernández Díaz y Jordi Cornet. Después se acercó Alicia Sánchez-Camacho.