Laluenga es un pequeño municipio de la provincia de Huesca, de 200 habitantes, situado en la comarca del Somontano de Barbastro. Hasta esta semana, uno más de los muchos que salpican la geografía aragonesa. Pero su nombre ha saltado a los medios de comunicación tras destaparse un caso de explotación de mujeres inmigrantes, sometidas en la práctica a condiciones de esclavitud en la casa en la que viven un matrimonio de octogenarios. Él tiene 83 años; su esposa, 85. No tienen hijos, viven en una granja a las afueras de la localidad y, según la Guardia Civil, desde 2009 fueron explotando sucesivamente a mujeres inmigrantes sin papeles para tenerlas en casa a su servicio, sin pagarles, sin dejarles salir y amenazándolas.

El matrimonio ha vuelto a su casa. Por su avanzada edad, fueron puestos en libertad tras prestar declaración. Se les acusa de los delitos de trata de seres humanos, detención ilegal y amenazas. Al anciano, además, se le imputa un delito de acoso, abuso y agresión sexual contra una de las inmigrantes que pasó por su casa.

En este caso hay otros dos imputados, dos vecinos de Barbastro: uno de 70 años, y otro de 58 años. A ambos se les considera cómplices, por ser los encargados de captar a las mujeres inmigrantes que enviaban a servir a la casa de los ancianos de Laluenga.

En el pueblo hay indignación tras destaparse los hechos. La Guardia Civil cree que, desde 2009, una treintena de inmigrantes sin papeles se vieron sometidas a estas prácticas de esclavitud, de explotación. Cuando los implicados consideraban que la inmigrante había llegado al límite, la dejaban marchar y buscaban otra. Así, hasta una treintena según la Guardia Civil. Confiaban en que no iban a denunciar porque eran inmigrantes sin papeles. Pero una sí se atrevió a hacerlo, después de que en el bar del pueblo se recibiera una llamada de teléfono en la que una chica se desahogó y comentó de lo que había sido víctima.

El Ayuntamiento se interesó. Dio con el teléfono desde el que había llamado, habló con ella, se fue tirando del hilo y la Guardia Civil, tras formalizarse una denuncia, emprendió la investigación en octubre.

La alcaldesa de Laluenga, Cristina Juárez, intervino directamente para que el caso se investigara. Se interesó personalmente y fue clave para que una de las víctimas denunciara. Ahora, expresa públicamente la vergüenza que siente el pueblo por las prácticas de ese matrimonio que vive allí, por haber hecho que Laluenga se haya convertido en el «primer caso documentado de esclavitud del siglo XXI». La alcaldesa está indignada, y es una sensación compartida entre el resto del vecindario.

Los octogenarios, mientras tanto, siguen viviendo en su casa. Tras ser detenidos por la Guardia Civil y declarar, fueron puestos en libertad y regresaron a su vivienda. No se dejan ver por el pueblo.

Ahora se especula con qué va a ser de ellos. Dada su avanzada edad y sus condiciones, es difícil que puedan vivir solos. Posiblemente tengan que intervenir los servicios sociales de alguna manera para asistirles.

Es un matrimonio que, según cuentan en el pueblo, se relacionaban poco con el vecindario. El hombre es natural de Laluenga, se dedicó a la ganadería y a la agricultura, pero su genio cuenta la alcaldesa hacía que tuviera poco trato con el resto de habitantes. «Tiene mal genio, estalla enseguida», ha afirmado la alcaldesa al Diario del Altoaragón. Define a este matrimonio como dos personas «muy especiales, raros de carácter y asociales».

Durante meses, desde que se interesó por lo que ocurría en esa casa y se consiguió que hubiera una denuncia y que se desencadenara la investigación, la alcaldesa ha seguido de cerca el proceso junto a la Guardia Civil. De lo que esa investigación ha destapado, del testimonio de una de las víctimas, queda claro que la situación era extrema. «Estas inmigrantes estaban muy amenazadas por el matrionio, en condiciones casi infrahumanas, muy atemorizadas y, según parece, vejadas».