La crisis económica ha disparado el número de estafas en los últimos años. Esta es una realidad presente en buena parte de los órganos judiciales. El juzgado de Instrucción número 8 de Valencia está investigando la presunta comisión de un fraude a la seguridad social. El principal imputado es un hombre, abogado de profesión, que habría tramitado unos 150 contratos falsos, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS.

El objetivo no era otro que permitir a diferentes personas, un buen número de ellos de nacionalidad española, el cobro de prestaciones de desempleo que, en realidad, no les corresponderían. El abogado recibía una comisión de estos supuestos beneficiarios por el asesoramiento para esta práctica y por tramitar toda la documentación. Se desconoce si utilizaba una sola empresa o varias sociedades para fingir una relación laboral de sus clientes.

El imputado podría ser acusado de un delito de estafa, según las fuentes consultadas. Más dificultad existe, en cambio, para determinar cómo terminará el caso para los supuestos desempleados. En algunos casos puede ser incluso que desconocieran que estaban cometiendo un delito. En principio, podrían ser acusados de colaboradores de un delito de falsedad documental ya que de algún modo ayudaron al abogado al facilitar determinada documentación personal.

Este tipo de fraudes han proliferado durante los últimos años debido a las necesidades económicas debuena parte de la población. Las operaciones policiales contra este tipo de grupos se han multiplicado, aunque en buena parte los defraudadores suelen ser extranjeros.

Este es el caso, por ejemplo, de un operativo de la Policía Nacional que se saldó este año con 34 personas detenidas por cometer, presuntamente, 105 delitos de falsedad documental y estafa en los que se calcula que defraudaron un total de 1.283.022 euros. La operación contra el fraude a la Seguridad Social arrancó de una investigación iniciada por la Brigada de Extranjería de Valencia.

Comisiones por el fraude

El fraude se cometía a través de la contratación de trabajadores por empresas ficticias, previo pago de los supuestos empleados de entre 100 y 400 euros a sus contratantes, con el objetivo de obtener este tipo de prestaciones. La operación Turia, como se bautizó el dispositivo, comenzó en diciembre del pasado año tras la detención de 15 personas extranjeras que cometieron un delito de falsedad para lograr un permiso de residencia.

Durante las investigaciones, los agentes detectaron irregularidades en distintas empresas, por lo que los policías iniciaron las pesquisas que terminaron con estas detenciones. La mayoría de las empresas creadas pertenecían al sector de la construcción o de servicios de limpieza. La mayoría de los detenidos carecía de antecedentes penales.

Otra empresa de Alicante también se vio implicada en una operación similar en mayo de este mismo año. De nuevo la Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a la venta de contratos de trabajo y a la simulación de altas laborales dirigidas a la percepción fraudulenta de prestaciones y subsidios dirigidos a inmigrantes en situación irregular. Los investigadores detectaron ciertas irregularidades en la contratación de trabajadores de una empresa de Alicante, que había dado de alta en la Seguridad Social a un gran número de personas en poco tiempo.

Así, se comprobó que no realizaban ninguna actividad en la sociedad, que a su vez era ficticia, según fuentes policiales. En este caso, los cabecillas de la trama delictiva de contratación obtenían entre 150 y 250 euros por cada mes que figuraran dados de alta.