Juzgan al alcalde de Badalona por vincular rumanos y delincuencia
Fiscalía atribuye García Albiol un delito de provocación al odio, a la discriminación o a la violencia y solicita un año de cárcel
El País, , 21-11-2013El Juzgado Penal 18 de Barcelona juzga este miércoles al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), por repartir en 2010 junto a la líder del partido en Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, panfletos electorales que vinculaban a los gitanos rumanos con los problemas de seguridad y delincuencia de la ciudad.
Un auto de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que investigó el caso, considera “sólidas y consistentes las acusaciones formuladas” por la Fiscalía y la acusación particular -SOS Racisme Catalunya- que atribuyen a Albiol un delito de provocación al odio, a la discriminación o a la violencia, por el que solicitan para el ahora alcalde un año de cárcel.
El alcalde de Badalona ha llegado a la ciudad de la Justicia arropado por dirigentes populares como Jordi Cornet y Alberto Fernández, mientras que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, acudirá más tarde por encontrarse en la sesión de control del Parlament.
Los 15.000 dípticos que los populares repartieron por los barrios de Llefià, Sant Roc y La Salut de Badalona el 24 de abril de 2010 -año anterior a las elecciones municipales- contenían fotografías de gitanos rumanos acompañados de lemas como ‘inseguridad’, ‘delincuencia’ y ‘vandalismo’, y la imagen de una pintada con el mensaje ‘no queremos rumanos’. En las semanas posteriores al reparto de los folletos, Albiol continuó promocionando el mismo discurso en diferentes medios de comunicación y actos.
La Audiencia de Barcelona había obligado a mediados de septiembre de 2012 al Juzgado de Instrucción 2 de Badalona a reabrir la causa al concluir que estas expresiones representan objetivamente un ataque a la dignidad personal y al honor de todos lo miembros del colectivo de gitanos rumanos y pueden contener un “mensaje claramente incitador a la discriminación y al odio”. Esta decisión echó por tierra la decisión del juzgado de instrucción que lo había archivado al considerar únicamente como excesos verbales algunas de las declaraciones del alcalde, apelando a la libertad y al derecho del político de “expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente”.
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