Solo dos de las 21 prostitutas que trabajaron en los clubs de alterne Saratoga y Riviera de Castelldefens citadas como testigos acudieron ayer al juicio que se está celebrando en la Audiencia de Barcelona contra una trama de presunta corrupción policial y prostitución ilegal. Los policías nacionales que se sientan en el banquillo están acusados de proteger estos burdeles, que fueron clausurados por orden judicial, a cambio de dinero y regalos.
El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo propuso la declaración de estas prostitutas para que explicaran si los dueños de los burdeles eran avisados de las redadas por los policías y detallaran sus condiciones de trabajo, que la acusación califica de «explotación sexual». De ahí que atribuya a los propietarios de los locales el delito de favorecimiento de la prostitución.
Las dos inmigrantes rumanas que comparecieron ayer ante el tribunal aseguraron que acudían voluntariamente a los clubs para ejercer la prostitución, que trabajaban los días que querían y que ellas se quedaban íntegramente el pago de los servicios sexuales, sin otra obligación que la de pagar al club 60 euros en concepto de pensión completa y alojamiento, y cinco euros más por las toallas y las sábanas por cada servicio. «No me obligaban a hacer nada que no quisiera», dijo una de ellas. Según estas prostitutas, cobraban entre 60 y 120 euro a los clientes por una hora, el dinero lo percibían ellas directamente y ganaban entre 200 y 400 euros por día. También tenían una comisión por las consumiciones de los clientes. Si decidían hacer un servicio fuera del local debían abonar 125 euros.
Una testigo relató que cada dos meses acudía un médico a su club de alterne y en una habitación que se empleaba como suite les hacía una exploración y un análisis de sangre. Los resultados los tenían que recoger en la recepción del local. Por este servicio tenían que desembolsar 60 euros.

ESCASOS RECURSOS / El fiscal dirigió su interrogatorio a averiguar si las mujeres ejercían la prostitución ya no contra su voluntad, sino bajo una situación de «dependencia» derivada de su vulnerabilidad por ser inmigrantes sin papeles con escasos recursos sociales y económicos. En ese sentido, las testigos reconocieron su bajo nivel de estudios y su escaso conocimiento del español cuando acudieron a los clubs, y sus extensas jornadas de trabajo.