Desde hace un par de años, una modificación legislativa ha permitido aumentar la eficacia en la lucha contra las mafias que se dedican a la trata de seres humanos. Las víctimas que se identifican en cada operación pasan a ser tuteladas por la Administración durante un período no inferior a 30 días, durante los que reflexionan si quieren denunciar a sus explotadores o no. En el primer caso, se exige su colaboración en la investigación y una denuncia. A cambio, reciben apoyo social, documentación que les permite residir en España y la formación destinada a conseguir un empleo. Si no quieren colaborar, son devueltas a su país de origen en condiciones de seguridad.

Sin embargo, aunque tanto la policía como los colectivos de ayuda a las mujeres tratadas, destacan el impulso que ha supuesto este protocolo, su eficacia no siempre es la deseada frente a los recursos de estas organizaciones criminales.

El dedo bajo el machete

En muchos casos, las amenazas que generaron la sumisión de las víctimas siguen funcionando tras la operación policial para evitar que se formalicen las denuncias. Un funcionario de Vigo recuerda el testimonio de una nigeriana a la que, por teléfono, le pusieron a su hermano, que, según dijo, tenía un machete listo para amputarle un dedo si ella desobedecía. Es conocido otro caso de una mujer colombiana en el que la amenaza se ejecutó y un familiar suyo fue asesinado en Colombia.

Con todo, la modificación legislativa ha permitido, al menos, discernir desde el primer momento a las víctimas y ofrecer apoyo, ya que, hasta entonces, al tener una residencia ilegal, las víctimas eran directamente expatriadas, quedando a merced de las ramificaciones de la mafia que las había captado. «Hacen falta todavía muchos recursos», asegura una abogada que asesora jurídicamente a las víctimas: «Se han dado pasos muy importantes, pero aún estamos lejos de poder ofrecer la integración a las personas que salen de estas redes».

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