Los extranjeros vuelven a estar en el centro del debate en Francia. Es una tendencia vieja. Cuando las cosas van mal dadas, como ahora –las empresas siguen cerrando y el paro, subiendo–, y las urnas se dibujan en el horizonte –habrá elecciones municipales y europeas la próxima primavera–, la cuestión de la inmigración vuelve al primer plano de la discusión política, poniendo en evidencia los fantasmas que atormentan a la sociedad francesa.

THOMAS SAMSON / AFP / GETTY IMAGES / ARCHIVO El caso Leonarda. Estudiantes de secundaria protestan en París contra la deportación de la joven Leonarda Dibrani y contra la política de mano dura ante la inmigración del ministro del Interior, Manuel Valls, al que exigen que dimita

En la primavera del 2005, en vísperas del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea, el debate giró en gran medida en torno a la figura del fontanero polaco, un espantajo hábilmente agitado por los antieuropeístas para alertar de una eventual llegada masiva de trabajadores procedentes del este de Europa a causa de las nuevas directivas de la UE. El éxito de la maniobra puso en evidencia el anclado temor de los franceses a que una inmigración descontrolada pueda poner en peligro sus empleos y, más allá, sus valores y su propio modo de vida. El miedo a los extranjeros, expresado en los últimos años especialmente ante el crecimiento del islam –del que hay en Francia unos seis millones de fieles–, viene de lejos y reaparece en las proximidades de cada convocatoria electoral.

La inflamada polémica sobre los roms –los gitanos procedentes de Rumanía y Bulgaria– y el caso Leonarda han explotado justamente –y amenazan con volver a resurgir– ante la cercanía de las elecciones municipales del próximo mes de marzo y las europeas del mes de mayo, en las que el Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen, con su discurso en favor de la denominada “preferencia nacional”, tiene posibilidades de dar la campanada electoral.

La derecha, empeñada desde la época de Nicolas Sarkozy en plantear batalla en el terreno ideológico de la extrema derecha, ya ha decidido empujar de nuevo el debate hacia este terreno, al colocar el endurecimiento de la legislación sobre inmigración como uno de los ejes –junto al empleo, naturalmente– de su campaña electoral. Que Sarkozy perdiera, pese a ello, las elecciones presidenciales del 2012 no parece haber hecho mella alguna.

La señal la dio días atrás el presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), JeanFrançois Copé, al proponer la revisión del principio del “derecho de suelo”, por el cual los niños nacidos en Francia de padres extranjeros reciben automáticamente la nacionalidad francesa cuando cumplen los 18 años –si siguen en el país a esa edad y han residido al menos cinco años desde los 11–. La propuesta de Copé, adalid de la “derecha desacomplejada”, consiste en sustraer este derecho a los hijos de extranjeros en situación irregular. Pero su principal rival en la UMP cara a las presidenciales, el ex primer ministro François Fillon –que pasa por ser un hombre más moderado–, va más allá, al proponer la supresión total de este derecho automático. La adopción de una iniciativa de este tipo –que el número dos del FN, Louis Alliot, se ha apresurado a celebrar como un triunfo propio– no pasará, sin embargo, sin tensiones en el seno de la propia UMP, algunos de cuyos dirigentes, como el también ex primer ministro Alain Juppé, la juzgan inaceptable.

Las mayores divisiones y tensiones amenazan, con todo, al Partido Socialista (PS), que a falta de una doctrina clara sobre inmigración oscila entre su corazón de izquierdas y la razón práctica. El caso Leonarda –la niña rom expulsada con su familia a Kosovo– ha exacerbado esta contradicción, enfrentando el ala izquierda del partido –y no sólo el ala izquierda– con el ministro del Interior, Manuel Valls, defensor de una línea de firmeza que algunos asimilan al sarkozysmo.

“Francia no puede acoger toda la miseria del mundo”, dijo ya en los años ochenta el entonces primer ministro socialista Michel Rocard. Y Manuel Valls, cuyos orígenes políticos son rocardianos, tiene muy anclada la convicción –reafirmada en su etapa como alcalde de Évry, en la banlieue sur de París– de que la inmigración debe ser estrictamente controlada. Lo contrario, a su juicio, abriría la puerta a fuertes tensiones sociales. Y también a un aumento de la utraderecha.

La izquierda y las asociaciones de defensa de los inmigrantes se sienten traicionadas por el PS y amenazan con acrecentar su presión por un cambio de política. Pero el presidente François Hollande sabe que necesita a Valls. Al menos hasta las elecciones.