España está pendiente de que el Consejo de Estado dé el visto bueno para comenzar a aplicar en su totalidad la Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, que limita al máximo el turismo sanitario público.

Para la Administración española, el gran cambio en este sentido ocurrió al aprobar, en abril del año pasado, el decreto que diferenciaba entre asegurado y beneficiario. Aunque al ciudadano lo que más le afectó de esa normativa fue el establecimiento del copago de fármacos en función de la renta, y en menor medida la limitación de la atención sanitaria a inmigrantes simpapeles, el decreto atajabaA el turismo sanitario. De hecho, con la revisión de las tarjetas del SNS, de las 873.000 que se retiraron, 500.000 correspondían a no residentes.

Hasta ese momento, un europeo podía alquilar un piso en España, empadronarse y pedir cita al médico, para volver a su país y regresar cuando le correspondiese la operación. Ahora, solo puede optar a la tarjeta europea, que tiene un máximo de tres meses de vigencia.

Acceso con la tarjeta europea

La directiva europea indica que los no residentes tendrán derecho a la atención sanitaria completa, aunque deberán pagarla por adelantado y España ingresará el dinero ante el Estado afectado. Además, no se darán tratamientos planificados con anterioridad, ni tendrán preferencia a la hora de organizar las lista de espera. El Ministerio de Sanidad no quiso opinar sobre la directiva, en tanto norma de obligado cumplimiento, aunque sí reconoció que España es un país sobre todo receptor de turistas, algo que se potencia en el caso de la sanidad privada, pero que tenía inconvenientes si es en el marco de la pública.

Lo que no ha facilitado el ministerio es el importe que este tipo de servicios supone para el Sistema Nacional de Salud, porque son las comunidades autónomas las que lo gestionan.