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Los policías niegan haber cometido abusos sobre las inmigrantes del CIE de Málaga

«Éramos más bien asistentes sociales que policías», afirma uno de los agentes, que añade que eran las internas las que se insinuaban

ABC, Francisco Javier Flores, 31-10-2013

Los dos policías nacionales que han declarado este jueves por las acusaciones de abusos sexuales a internas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, han negado tajantemente que tanto ellos como sus otros tres compañeros fueran responsables de dichos actos. Además, desmintieron haber ofrecido a las mujeres bebidas alcohólicas, comida o diversos presentes para vencer su resistencia y obtener a cambio favores de índole sexual.

Cristóbal G.S. ha asegurado que «éramos más bien asistentes sociales que policías» y que en ocasiones ha ayudado a alguna interna dándole dinero para comprar tabaco o haciendo que le devolvieran su teléfono móvil en el caso de que lo pidiera, pero no a cambio de contraprestaciones.

«Llevo desde el año 2007 con este expediente y nada más que se habla de fiesta, y allí no hubo ninguna fiesta», ha comentado el agente, quien ha hecho hincapié en que eran las internas las que se les insinuaban haciendo «topless» en el patio del recinto. «Estas mujeres tenían una experiencia muy grande como para camelarlas», ha añadido.

Además, ha comentado que las internas lanzaban una gran cantidad de preservativos al patio del módulo masculino, con los que «provocaban» tanto a éstos como a los agentes de la Policía.

Por su parte, su compañero José Luis H.G. ha llegado indicar que la testigo protegida número 8, que está personada en la acusación, «se me ofreció echándose el jersey para abajo» y diciéndole abiertamente «fóllame», ante lo cual él le respondió «márchate de aquí».

Ambos agentes han reseñado que la testigo en cuestión es una persona «totalmente conflictiva», que incluso había llegado en varias ocasiones a amenazarles con denunciarles. «Algún problema tendría en su tierra (Venezuela), porque decía: ‘yo tengo que hacer lo posible por quedarme en España’», ha señalado Cristóbal G.S.

En cuanto a las fotografías en la que aparecen varios agentes, alguno de ellos descamisados, han manifestado que fueron «unos tontos» por dejar que las internas se las hicieran con sus móviles. Sin embargo, José Luis H.G. no ha visto nada inusual en las instantáneas, puesto que «allí en verano hace 50 ó 60 grados» y además «jamás me han llamado la atención por llevar la camisa abierta, ni cuando trabajaba en Fuengirola».

Los dos acusados han denunciado también las carencias de personal femenino en el Centro de Internamiento, especialmente desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana, horario en el que «no se cacheaba a nadie, como si traía una bomba», ha manifestado éste último.
Localización de las testigos

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha retomado este miércoles el juicio, después de que en la primera sesión decidiera su aplazamiento hasta que fueran localizadas once de las diecinueve testigos protegidas que permanecen en paradero desconocido, tal como había pedido el letrado que representa a varias de ellas.

Pese a este contratiempo, la Sala ha decidido este miércoles iniciar la declaración de dos de los acusados, mientras que el próximo lunes se tomará testimonio a los otros tres. Además, ha resuelto instar a la Interpol a que encuentre al resto de testigos, para lo cual ha fijado un plazo de dos meses.

La Fiscalía de Málaga pide en total 27 años de prisión para los procesados, por los supuestos abusos sexuales acaecidos entre junio y julio de 2006. Según el escrito del ministerio público, los acusados organizaron en el CIE de Capuchinos, cuando aún estaba en funcionamiento y durante los turnos de trabajo de madrugada «cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los agentes», al objeto de «satisfacer su ánimo libidinoso».

En concreto, el fiscal acusa a los cinco agentes de delitos de abuso sexual con consentimiento viciado, en dos de los casos con acceso carnal, y solicita para ellos diferentes penas de prisión, según la supuesta participación que tuvieron en los hechos, que oscilan entre los dos y los diez años.

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