Un ciudadano chino residente en España desde hace 30 años, Yi Hu Wang Ji, ha registrado 137 patentes de cigarrillos electrónicos y dice que nadie puede vender estos productos sin antes negociar con él

Un ciudadano chino residente en Valencia, Yi Hu Wang Ji, ha puesto contra la pared a la mayoría de los distribuidores y vendedores de los cigarrillos electrónicos en España, que desde hace pocos meses se venden en cada esquina de nuestras ciudades. Porque este empresario, que tiene 18 bazares y lleva 30 años viviendo en nuestro país, ha tenido la genial idea de registrar estos mismos productos con la presentación de 137 patentes, con una inversión de 1,5 millones de euros. De tal manera que, según defiende su principal colaborador, “nadie puede comercializarlos sin el consentimiento de Wang Ji”. Es decir, los cerca de 3.000 puntos de venta y 300 franquicias que los distribuyen deberían, en teoría, lograr el consentimiento de Wang Ji, previo contrato. Según el empresario, se pueden pedir 250 euros al mes a cada punto de venta por el derecho a distribuirlos. Y de hecho ya ha comenzado a exigir, mediante 1.000 burofaxes, el derecho sobre estos artilugios previa presentación de querellas a aquellos que no cumplan la ley.
M. A. MONTESINOS / DIARIO LEVANTE-EMV
Yi Hu Wang Ji, que lleva en España 30 años, tiene experiencia en el sector de la importación de productos de China
Todo este asunto comenzó hace cinco años. A Wang Ji, con larga experiencia en la importación de productos chinos, un empresario español le impidió vender en España 100 contenedores de patinetes de dos ruedas que había importado. La razón es que ese empresario español los tenía registrados. Aquella dura experiencia le sirvió para aprender una lección: quien registra la patente controla el mercado.
Hace unos meses descubrió que en España nadie había registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas no sólo la forma de los cigarrillos, sino los mecanismos, envases, baterías, complementos y todo lo que conlleva este tipo de producto. La ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que data del 2003 y que mantiene las bases de la norma del año 1929, deja muy claro que nadie puede distribuir productos importados que estén registrados como propiedad industrial. Por ello, tiene el derecho exclusivo a utilizarlos e impedir su utilización por terceros en España, lo que incluye el derecho a excluir a otros de fabricarlos, ofertarlos, importarlos o exportarlos. Wang Ji reconoce que conoce a los fabricantes chinos de estos productos, que venden a España a través de franquicias italianas o francesas. Y no dudó en poner en marcha un plan que lo puede convertir en millonario. “Mi intención ha sido, ante todo, ordenar cierto caos en este sector y defender a los profesionales”, dice.
Wang Ji ya se ha encontrado con la oposición de muchos establecimientos a los que se ha enviado el burofax. Pero anuncia que está dispuesto a exigir 100.000 euros de indemnización a cada punto de venta. Su principal colaborador, que solicita el anonimato, subraya que incluso han recibido amenazas de algún distribuidor. Pero la ley, al respecto, es clara. Además, va a seguir registrando patentes, y está previsto que en breve tenga más de 200.