El Defensor del Pueblo ha sugerido al gobierno de Gandia que modifique la política de empadronamiento de inmigrantes al considerar que no se está tratando a todos los extranjeros por igual.

Esta recomendación se produce después de que el despacho jurídico del concejal socialista Vicent Mascarell formulara en mayo una queja ante este organismo denunciando que el ejecutivo local estaba poniendo trabas a los extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia a la hora de inscribirse en el padrón municipal.

En la capital de la Safor, una vez que los interesados en registrarse en el padrón acuden a la oficina, se remiten sus datos a la Comisaría de Policía Nacional para que se compruebe que no acumulan delitos o que no tienen deudas con la justicia.

La respuesta del Alto Comisionado llegó el 17 de octubre. Esta institución insta al Ayuntamiento de Gandia a suprimir el trámite consistente en enviar a la Policía Nacional el DNI de los extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia, procedimiento que se está empleando en la actualidad para comprobar su autentificación.

Según explica el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, este trámite que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Gandia no lo exige la ley de Bases de Régimen Local como requisito para empadronarse, «bastando con la exhibición del original y la entrega de una copia» al funcionario del Ayuntamiento y no a la Policía.

«Olvidarnos de la seguridad»

El coordinador general de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Gandia, Javier Reig, respondió al abogado Vicent Mascarell que acceder a lo solicitado significaría «olvidarnos de la seguridad ciudadana que se merecen todos los gandienses, ya que no se podrá controlar a ninguna persona extracomunitaria que pretenda instalarse en la ciudad». Reig agregó: «No nos podemos permitir que se inscriban en el padrón personas con datos falsos».

El gobierno municipal de Gandia, según el dirigente popular, sigue empadronando a personas inmigrantes «de acuerdo con la ley». De hecho, explicó Reig, desde junio de 2012 a septiembre de 2013, se han empadronado en Gandia un total de 6.198 personas, entre ellas más de la mitad son inmigrantes, siendo rechazadas únicamente el 1% de las peticiones por no cumplir algún requisito.

Aun así, «el gobierno sigue empadronando a los extranjeros que, por primera vez, quieran hacerlo, como así lo corroboran los datos tanto del padrón de habitantes como de la Brigada de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía». Reig indicó que se procederá al estudio de la sugerencia del Defensor y se contestará en un mes.

La recomendación del Defensor contrasta con las órdenes que dio el alcalde de Gandia, Arturo Torró, hace dos años. El primer edil se desmarcó de la norma general, según subrayó Mascarell, y anunció un endurecimiento de los requisitos para los extranjeros no comunitarios que quisieran empadronarse en la localidad de Gandia.

Según Mascarell, el temor de los clientes afectados por esta decisión a formalizar denuncia o recurso contencioso llevó al bufete Mascarell Advocats a persentar queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, que fue admitida a trámite. A juicio del abogado y regidor socialista, el gobierno del PP vuelve a sufrir un nuevo revés jurídico-administrativo, ahora en el campo de la defensa de los derechos fundamentales.

Vic y Torrejón de Ardoz

La resolución del Defensor del Pueblo mantiene el criterio seguido por otras administraciones locales que intentaron dificultar o denegar la inscripción de extranjeros en su padrón municipal. Gandia se suma así a otros antecedentes de poblaciones como de Vic o Torrejón de Ardoz donde sus gobiernos incumplieron la ley y discriminaron a ciudadanos por su origen.