Manuel Valls es el gran triunfador de una crisis que parecía inicialmente fabricada por el ala izquierda del Partido Socialista para acabar con él. El titular de Interior, que es desde hace meses el ministro más valorado del Gobierno de Hollande, se hallaba de viaje oficial en las Antillas cuando la Red de Educación sin Fronteras (RESF) denunció las circunstancias de la detención de Leonarda Dibrani y decidió el viernes adelantar su retorno a la capital para ser él mismo quien presentase al presidente el informe interno encargado a la Inspección General de la Administración.

Desde entonces, no ha abierto la boca, consciente de que las circunstancias del caso que se han ido revelando a cuentagotas y la opinión de los franceses juegan a su favor. No sólo la investigación ha concluido que la deportación de la chica se hizo conforme a la normativa en vigor y la decisión estaba justificada, sino que los últimos sondeos le dan razón sobre la política de expulsión de los inmigrantes ilegales.

Con la izquierda dura, los sindicatos y los estudiantes pidiendo su cabeza en la calle, resulta que siete de cada diez franceses apoyan la actuación de Valls en este tema. Según un reciente estudio de BVA, el 74 % de los ciudadanos se muestra favorable a la firmeza mostrada hasta ahora por el máximo responsable del orden público en el Hexágono, pese a que ésta haya puesto al Gobierno contra las cuerdas y conseguido sacar a las calles a miles de estudiantes para mostrar su rechazo. El 54% de los encuestados no se declara «sorprendido» por la repatriación del la quinceañera romaní y hasta un 65% se opone a que el Gobierno anule dicha expulsión. Para BVA, «lo más sorprendente es que un ministro de izquierdas reciba el apoyo de un 89% de los simpatizantes de derechas».

«Aunque la detención fue legal, lamentamos la falta de discernimiento», había sugerido Hollande en su intervención televisiva de ayer, refiriéndose al modo en que la chica fue sacada por la Policía de Fronteras del autobús en que hacía una excursión escolar para ser enviada con su familia rumbo a Kosovo. Valls ni siquiera ha tenido que responder a este suave tirón de orejas, ya que los sindicatos policiales se han ocupado de puntualizar que la menor fue «interceptada en un aparcamiento a salvo de las miradas del público» y de rogar a los políticos que «no usen a los agentes de la ley como víctimas propiciatorias en sus guerras internas».

Mientras, la prefectura de Doubs ha filtrado a la prensa el dossier de la familia Dibrani donde se enumeran las razones para negarle el permiso de residencia: destrucción de documentos de identidad, falsificación de una partida de matrimonio, negativa a buscar trabajo arguyendo que les bastaba con el pago de las prestaciones sociales, insulto y amenazas a funcionarios públicos, mendicidad, hurtos, violencia doméstica… En el mutismo de Valls está su victoria.