parís. La polémica deportación de la alumna gitana Leonarda Dibrani obligó a dar la cara al ministro del Interior, Manuel Valls, y a los sindicatos de Policía, en un nuevo intento por acallar unas críticas que no han acabado con la decisión de permitir su regreso pero no el de su familia. La joven contestó el sábado: “El presidente no tiene corazón”, y dejó claro desde Mitrovica, en Kosovo, que no piensa volver sin sus padres ni sus cinco hermanos.

La madre de la menor fue agredida ayer en la ciudad kosovar donde la familia ha ido a parar tras ser expulsados, tras una discusión con miembros de otra familia y no por motivos étnicos, informó la Policía de Kosovo. Por su parte, con la polémica aún candente, el ministro de Interior siguió el tono marcado anteayer por Hollande, que dijo que aunque la expulsión fue conforme a la ley sí hubo una “falta de discernimiento” en su ejecución, que tuvo lugar durante una excursión escolar.

Así, Valls subrayó que “para que la inmigración se mantenga como una posibilidad, se deben controlar los flujos migratorios”, para después añadir que la “emoción” que suscitan este tipo de casos “no puede ser la única brújula” de la política. “Solo hay una línea: la aplicación firme del Derecho”, aseguró, para después hacer un llamamiento para que los medios de comunicación “dejen tranquila” a la joven y paren de “utilizarla”. Los Dibrani habían agotado todos los recursos administrativos y judiciales para permanecer en Francia y su deportación la semana pasada, según insistió el ministro, estuvo, por lo tanto, “justificada”.

El ministro de Interior cree que “la emoción” no puede ser guía de la política, sino “la aplicación del Derecho”

“Los extranjeros, incluso con familia o con niños escolarizados, cuando dejan de tener el derecho de estancia, tienen que dejar el territorio”, subrayó desde JDD, donde calificó de “gesto de generosidad” la oferta de Hollande para que la joven vuelva, pero insistió en que el resto de su familia no tiene autorizada la vuelta.

Cientos de estudiantes contestaron el sábado esta solución parcial, y las críticas, que desde hace una semana proceden más del campo de la mayoría gubernamental que de la derecha francesa, no han cesado en todo el fin de semana.

Los reproches han hecho salir a la palestra a sindicatos policiales, que en sendos comunicados quisieron precisar que los agentes “no cometieron ninguna falta”, sino que se limitaron a cumplir las instrucciones recibidas. Valls ha modificado, no obstante, la normativa.

A partir de ahora, según la nueva circular enviada a los prefectos de Policía, no se podrá actuar no solo dentro de la escuela o en sus alrededores, sino en el marco de todas las actividades organizadas por las autoridades escolares, aún cuando los padres o el tutor del menor hayan autorizado la intervención. Los sindicatos estudiantiles, que han prometido una gran manifestación nacional para el próximo 5 de noviembre, han lamentado que el fondo del asunto, la escolarización de esa persona, se siga viendo afectada.