Depositaron en ella todos sus ahorros en busca de una oportunidad en España y no obtuvieron ningún resultado. Entre 2006 y 2009, siete ciudadanos marroquíes buscaban la documentación necesaria para poder residir y trabajar en nuestro país, pero no sabían que acabarían siendo víctimas de una importante estafa.
Acudieron a B.F., socia única de ‘Servicios Integrales Maroc Espagne SLU’, con una de sus sedes sociales en la calle Cantabria de Calahorra. Ella les garantizaba que, previo pago de importantes cantidades de dinero, conseguiría facilitarles los oportunos permisos de trabajo y residencia. Lo que no sabían es que la propietaria de la agencia de servicios iba a quedarse con todo su dinero sin darles nada a cambio, hecho por el que está acusada de un delito de estafa continuada por el que deberá responder ante el Juzgado de lo Penal durante la jornada de hoy.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal relata cómo con la finalidad de obtener la documentación requerida para trabajar en España uno de los acusados le entregó en enero de 2007 8.000 euros; en marzo de 2006 el representante de otra de las presuntas víctimas le hizo entrega de 8.500 euros. Entre noviembre y diciembre de 2007, otro inmigrante le aportó 33.000 euros, si bien «la acusada le entregó en el mes de julio un talón contra su cuenta corriente (…) por importe de 23.000 euros, que resultó impagado por falta de fondos».
Las cantidades que la imputada requería a sus víctimas a cambio de los inexistentes trámites burocráticos eran variables. Así, en mayo de 2007 pidió a uno de sus clientes 2.320 euros y otros 2.000 el mes siguiente. Las tres últimas víctimas aportaron 13.000 euros por persona entre noviembre de 2006 y diciembre de 2007 por los papeles que jamás llegaron a tramitarse. El total del dinero recabado por la imputada a través de sus clientes asciende a la cifra de 92.820 euros.
El Ministerio Público entiende que los hechos justifican la autoría de la imputada en un delito de estafa continuada, por lo que solicita para ella la pena de dos años y seis meses de prisión, además de la indemnización a cada una de sus siete víctimas de la cantidad ingresada por sus servicios más los intereses legales.