Lejos de calmarse las aguas, el affaire Leonarda se ha ido complicando con las horas. La familia gitana apátrida expulsada por Francia a Kosovo fue agredida ayer en Mitrovica (donde residen de manera temporal) mientras paseaban por la ciudad. «Leonarda Dibrani, sus padres y sus hermanos fueron atacados ayer por la tarde por unos desconocidos», confirmaron fuentes policiales de esa localidad del norte de Kosovo a la agencia France Presse. La madre, Djamilah, de 41 años, «fue golpeada y tuvo que ser hospitalizada, mientras sus seis hijos, traumatizados, eran llevados a comisaría. Esto demuestra que los Dibrani no están seguros aquí», añadió la fuente.

Sólo unas horas antes, el padre de Leonarda había declarado: «Los niños tienen miedo de salir a la calle. Yo no me adapto tampoco, me fui de aquí hace 35 años. No reconozco la ciudad». Además, Resat se lamentaba de que sólo disponía de 200 euros para alimentar a su familia. Después de que las autoridades de Kosovo dijeran que estaban listos para emitir documentos de identidad a los Dibrani, Resat se preguntaba: «No entiendo cómo Kosovo nos ha aceptado. Mi esposa y los niños no son ciudadanos de este lugar» .

Mientras, toda Francia se hacía eco de las declaraciones del ministro de Interior. «La familia Dibrani no va a volver de ningún modo a Francia», aclaraba tajante Manuel Valls en una entrevista concedida a Le Journal du Dimanche (JDD). Durante los cinco días que ha durado el escándalo, el titular de Interior galo había preferido mantenerse callado. Pero, ayer, el ministro mejor valorado del Gobierno socialista consideró que había llegado su turno, toda vez que la investigación confirmó que la deportación de la adolescente gitana y los suyos a Kosovo había sido legal. Y después de que Hollande avalara su férrea política de inmigración en una alocución televisiva donde recordó a todos «la fuerza de la ley, pero también su compromiso de preservar el sistema educativo de los conflictos de la sociedad».

Sobre el ofrecimiento de Hollande a Leonarda para que vuelva sola al Hexágono para seguir estudiando, Valls declaró: «Éste es un gesto de una gran generosidad por su parte», comentó Valls a JDD. «Ahora corresponde a los padres reflexionar acerca de esta propuesta y del futuro de su hija. Si aceptan, se expedirá un visado específico, Leonarda podrá continuar su educación y nos ocuparemos de su alojamiento».

Pese a que la oferta de Hollande se salta la legislación sobre protección de menores, la chica la rechazó arguyendo que no estaba dispuesta a separarse de los suyos; el Partido de Izquierda la consideró «de una crueldad extrema» y hasta el primer secretario del Partido Socialista, Harlem Désir, se atrevió a opinar contra el criterio presidencial: «Todos los niños de la familia Dibrani deberían poder terminar sus estudios en Francia, acompañados de su madre».

¿Cómo ha vivido Valls esta semana infernal en la que muchos de sus correligionarios aprovecharon para pedir su cabeza? «Yo me limito a aplicar la política del presidente», señaló. «Las críticas no me afectan y no me siento en absoluto aislado. Tengo el apoyo de los parlamentarios, los alcaldes, los militantes del PS y la mayoría de nuestros compatriotas». En efecto, según un estudio de BVA, el 74 % de los franceses se muestra favorable a la firmeza mostrada por Valls. A pesar de todo, la izquierda dura, los sindicatos y los estudiantes se echaron dos días a la calle en una operación que parecía calculada para torpedear la popularidad ascendente de Valls.

«Entiendo la emoción que ha suscitado el caso, especialmente en los jóvenes. Eso es prueba de solidaridad con los más débiles y es muy legítimo. Pero la emoción no puede ser la brújula que rija las decisiones políticas», señala el ministro en la entrevista. «Por eso hacía falta establecer con claridad los hechos, para poder tomar la decisión correcta de acuerdo con el presidente, el jefe de Gobierno y el ministro de Educación. Si todo el mundo hubiera esperado al resultado de la investigación, sin poner en entredicho a un ministro, un prefecto [gobernador civil], el Gobierno y la aplicación de la ley, sin el uso de palabras obscenas que nos retrotraen a otros tiempos… las cosas habrían estado más claras».

A pesar de todo, las críticas contra el ministro no han cesado. «No voy a responder a los ataques estériles», explica. «Cuando vienen de la oposición, es lo clásico. Cuando vienen de nuestro campo, lo lamento porque nos debilita». Para el titular galo de Interior, «no está en juego mi puesto sino Francia». «El viejo debate entre la izquierda laxista y la izquierda de la firmeza carece de sentido. No voy a caer en esa trampa», añade. «En un mundo sin brújula, es importante que la ley sea una referencia común».

Sus argumentos no han convencido a casi nadie. Los Verdes, socios del Gobierno de Hollande, arremetieron por la tarde contra el jefe del Estado y el ministro del Interior, criticando las expulsiones de menores escolarizados y calificando las palabras de ambos como «inhumanas e incomprensibles».

De «inhumano» tachó también el presidente de la conservadora UMP, Jean-François Copé, a Hollande; mientras que el centrista François Bayrou afirmó que la deportación había sido «mal gestionada desde un punto de vista político».