La fuga, en el último mes y medio, de nueve de los chicos inmigrantes llegados en patera, que se declararon falsamente menores de edad, ha alertado a los responsables del área de Bienestar Social del Gobierno de Canarias sobre la que recae su custodia.

El director general de Dependencia, Infancia y Familia, Gilberto Moreno, mantuvo, este lunes, una reunión con su homólogo cabildicio, Marciano Acuña, para tratar sobre estos sucesos, y evitar que esta picaresca se convierta en «efecto llagada» para jóvenes que aprovechen su estancia en centros no vigilados para fugarse, antes de conocerse los resultados de las pruebas de edad.

Se da la circunstancia de que diez de los 27 supuestos menores llegados últimamente a Lanzarote no lo eran realmente, tras practicárseles las tres pruebas que ahora impone el Juzgado de Gran Canaria.

Si hasta ahora se ha dado por bueno el resultado de una única prueba ósea, «que tiene un 95% de fiabilidad», según Moreno, la jueza ha obligado a hacer, además, la prueba máxilo facial y un informe forense.

A pesar de triplicarse el protocolo, los plazos se han acortado de una media de una semana a 24 horas, lo que evita las posibilidades de fuga.