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UNOS 900.000 ciudadanos trabajan en condiciones de “modernos esclavos” en el ámbito de la Unión Europea (UE), entre ellas 270.000 en régimen de explotación sexual, según el semanario alemán Der Spiegel, que se remite a un informe comunitario. De acuerdo con esa fuente, un estudio elaborado por una comisión especial del Parlamento Europeo (PE) estima en 3.600 el cómputo de organizaciones criminales activas en el territorio comunitario, responsables de estas situaciones. Estas organizaciones causan pérdidas económicas cifradas en centenares de miles de millones de euros, además de los daños que provocan en esos esclavos modernos.

El lado más oscuro del crimen tiene diversas caras con un beneficio de 25.000 millones

Las cifras que baraja el informe corresponden a un análisis inicialmente elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre datos de 2012, y considera como trabajadores forzosos a todos aquellos sometidos a extorsiones o amenazas. Según Spiegel, la comisión del Parlamento Europeo aprobó el correspondiente informe, denominado CRIM, a mediados de septiembre y se propone plantearlo en el plenario el próximo 23 de octubre.

El estudio incluye organizaciones dedicadas al blanqueo de dinero, corrupción, tráfico de personas, animales, órganos humanos y armas, así como criminalidad en internet. Solo los daños causado por los casos de corrupción se elevan a 120.000 millones de euros anuales, acuerdo al semanario.

El lado más oscuro del crimen en la UE tiene diversas caras y mueve cifras millonarias. Las bandas de tráfico de personas obtienen un beneficio de 25.000 millones de euros anuales (34.000 millones de dólares), según el documento del eurodiputado Salvatore Iacolino citado en Der Spiegel. Entre tanto, el cibercrimen suma unos 290.000 millones de euros y el tráfico ilegal de órganos y de animales genera beneficios por entre 18.000 y 26.000 millones. El informe añade que en la UE hay unos diez millones de armas ilegales en circulación. También representa una “amenaza seria” la corrupción: solo en el sector público se registraron 20 millones de casos, indica el informe.

Los daños se elevan a 120.000 millones de euros al año, según cálculos de la Comisión Europa. Ante esas cifras alarmantes, los eurodiputados reclaman en el informe que las autoridades policiales y judiciales de los países miembros refuercen su cooperación transfronteriza. También proponen medidas concretas, como inhabilitar por cinco años para desempeñar cargos públicos a los condenados por lavado de dinero y corrupción, o la protección de informantes que descubran y denuncien irregularidades en el sector público o privado.