El informe tiene carácter estadístico y parece propio de países en los que impera el crimen. Sin embargo, el estudio elaborado por una comisión especial del Parlamento Europeo y que se debatirá esta semana en la cámara de Estrasburgo se refiere a los estados de la Unión Europea y sus datos revelan que existe un mundo oscuro y clandestino, que maneja cantidades astronómicas de dinero negro en una de las regiones mas ricas del planeta.
Unas 880.000 personas trabajan en régimen de esclavitud en Europa y casi una tercera parte de ellas, unas 270.000, son explotadas sexualmente de manera sistemática en burdeles repartidos por todo el territorio continental, generalmente mujeres , muchas menores de edad, de regiones pobres que son engañadas con promesas falsas de trabajo en países ricos. Éste es uno de los datos más preocupantes del estudio, del que el semanario alemán ‘Der Spiegel’ publicó ayer un avance.
El informe ha sido elaborado por el Comité CRIM, una comisión extraordinaria del Parlamento Europeo que ha recabado y analizado datos sobre el crimen organizado, el blanqueo de dinero y la corrupción en el Viejo Continente. El estudio destaca que en Europa existen unas 3.600 organizaciones criminales que, solo con la trata de seres humanos, ya sea para su explotación laboral o sexual, alcanzan unos beneficios de 25.000 millones de euros anuales. Además, calcula que el comercio ilegal de órganos humanos y de animales exóticos reporta a esas organizaciones otros 26.000 millones de euros al año.
Mayor aún es la «facturación» de las organizaciones criminales dedicadas a los delitos informáticos. Los expertos de Estrasburgo calculan que los daños provocados por el llamado ‘cibercrimen’ en Europa suman no menos de 290.000 millones de euros cada año.
Corrupción del sector público
El documento destaca que en nuestro continente circulan ilegalmente 10 millones de armas que «suponen un peligro serio para la seguridad de los ciudadanos y de los responsables de perseguir el crimen». De «amenaza seria» califica igualmente la corrupción. Los expertos de Estrasburgo han registrado 20 millones de casos de corrupción sólo en el sector público de los países de la Unión Europea. Y cifra los daños que provocan en no menos de 120.000 millones de euros.
En sus conclusiones, el estudio reclama de la Policía y de la Justicia una mayor cooperación transfronteriza y exige, para afrontar los problemas que denuncia, acabar con todos y cada uno de los paraísos fiscales del continente. Otras de sus propuestas son tipificar como delito en los respectivos códigos penales la compra de votos para cualquier tipo de elección y que las personas condenadas por corrupción o blanqueo de dinero no puedan recibir encargos o contratos públicos por un plazo no inferior a cinco años.
La comisión es partidaria, además, de crear leyes homogéneas en todos los países de la UE para defender y proteger a confidentes, aquellas personas que denuncian y sacan a la luz casos de corrupción, violaciones de los derechos humanos o abusos en la protección de datos. Considera que quienes revelan actuaciones criminales en instituciones públicas o empresas no pueden ser tratados como delincuentes.