Hay pocos asuntos tan utilizados para derramar rituales lágrimas de dolor y peticiones de cambio como la inmigración masiva e ilegal de seres humanos desde los países pobres a los desarrollados. Lo sucedido en las costas italianas desde el día 3 (unos 400 ahogados y un número no precisado de desaparecidos) ahorra comentarios por su dimensión sin precedentes. Sería un error garrafal sugerir que el Gobierno de Italia debe gestionar la crisis. Ya lo hace con el envío sin precedentes de una fuerza aeronaval de refuerzo y pareció tener en el pasado algún éxito con la aplicación de la llamada Ley Bossi-Fini de 2002, severísima con los italianos que cooperasen con las mafias de la inmigración ilegal. La ‘primavera árabe’ y la guerra en Siria lo cambiaron todo. Hay una agencia europea, Frontex (creada en 2004), a cargo de las fronteras exteriores de la Unión que exige muchos más medios y la solidaridad de todos los Estados, no solo de los mediterráneos. Si, además, la UE pudiera operar el milagro de normalizar la situación en Libia, las cosas mejorarían enseguida. Eso es improbable y lo factible hoy es dotar mejor el dispositivo de seguridad y ver la trágica crisis como un problema de todos, y no solo de Roma.