«¡Asesinos, vergüenza!». Con esos gritos acompañados de pitos y de abucheos fue recibida ayer en la isla siciliana de Lampedusa, frente a la cual hace una semana perdieron la vida al menos 302 inmigrantes al naufragar la barcaza en la que viajaban, la delegación encabezada por el primer ministro italiano, Enrico Letta; el ministro del Interior, Angelino Alfano; el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y la comisaria europea de Asuntos Internos, Cecilia Malmstrom. «Id a visitar el centro de acogida. Ved cómo vive esa gente», espetaban algunos ciudadanos de Lampedusa a los políticos, mientras agitaban sus pancartas y en el mar los pesqueros hacían sonar sus sirenas como signo de protesta.

Los políticos, con Letta a la cabeza, no tuvieron más remedio que tragar saliva y hacer acto de contricción. Letta llegó a arrodillarse ante los ataúdes con los cuerpos de algunos de los 302 cadáveres que por ahora han sido recuperados. Y aunque no estaba prevista la visita al centro de acogida de la isla, con capacidad para 250 inmigrantes pero donde se apretujan más de 800, al final los gritos de protesta de la población convencieron a la delegación de que era mejor que fueran a verlo, aunque fuera sólo por unos minutos. «He visto sufrimiento y dolor», resumía el primer ministro italiano. Letta no dudaba en calificar el reciente naufragio de Lampedusa como «una terrible tragedia como no ha ocurrido jamás en el Mediterráneo», y hasta pedía perdón por «la inadecuación» de Italia ante un drama de tal magnitud.

El primer ministro italiano anunciaba asimismo que esos 302 inmigrantes fallecidos en el intento de alcanzar Italia recibirán los honores de un funeral de Estado, y se declaraba «profundamente avergonzado» por el hecho de que, en base a la legislación italiana aprobada durante un Gobierno liderado por Silvio Berlusconi, las 155 víctimas que han logrado sobrevivir sean consideradas todas ellas delincuentes.

Una ley aprobada en 2009 establece en Italia el delito de inmigración clandestina, lo que convierte automáticamente en un criminal a todo aquel sin papeles que pone el pie en el país. Hasta el punto de que, en estricto cumplimiento de la ley, los 155 supervivientes de la tragedia de Lampedusa están siendo investigados por la Justicia italiana por un presunto delito de inmigración ilegal.

Letta indicaba ayer su intención de revisar la legislación italiana en materia de inmigración, cuyo pilar es la ley Bossi-Fini, así llamada porque sus impulsores fueron Gianfranco Fini y Umberto Bossi. Este último es el fundador de la Liga Norte, un partido de marcada tendencia xenófoba. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha criticado en numerosas ocasiones la política de expulsión de inmigrantes que practica Italia, asegurando que con frecuencia afecta a personas que reúnen todos los requisitos para ser acogidas como solicitantes de asilo político.

«Habrá un debate en el Gobierno y en el Parlamento para buscar soluciones mejores», indicaba Letta, cuyo Ejecutivo aprobaba ayer reforzar el presupuesto que Italia dedica a inmigración con 190 millones de euros suplementarios y otros 20 millones dedicados a los menores. Por su parte Barroso anunciaba que le UE está dispuesta a movilizar 30 millones de euros «para ayudar a los refugiados en Italia».

«Europa no puede mirar para otro lado», subrayaba Durão Barroso. «Hoy estamos aquí para decir que la gente de Europa está con la gente de Lampedusa y de Italia. Es necesario una distribución del peso entre los Estados».