El Ayuntamiento de Bilbao se ha adentrado en un terreno delicado al prohibir la apertura de centros de culto en edificios de viviendas. Una disposición que ya es definitiva y que no ha adoptado ninguna otra capital de provincia. La única forma de queja que cabe es la vía judicial que ya están explorando diferentes comunidades, con los protestantes en primera línea. «No tenemos ninguna duda de que vamos a ir a los tribunales, sólo falta aclarar en qué condiciones», afirma Juan Muela, del Consejo Evangélico del País Vasco. Su idea es tender puentes con otras confesiones, fundamentalmente los musulmanes. Si eso falla, cuentan con el soporte del gabinete jurídico de Ferede, la federación que agrupa a más de 3.000 comunidades de toda España.
El caso de Bilbao se sigue con atención desde el Observatorio del Pluralismo Religioso, una iniciativa del Ministerio de Justicia, la Federación de Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y Convivencia. «En Cataluña algunos municipios han aprobado ordenanzas, pero esta es la primera ciudad que modifica su Plan General y puede crear un precedente», afirma Rita Gomes, técnico de la entidad. Sin olvidar que los ayuntamientos tienen «el derecho y el deber de organizar su suelo», ella opina que «deben ponderar para evitar actitudes discriminatorias». En esta ocasión, «se busca una aplicación preventiva del orden público», la única limitación que por ley puede ponerse a la libertad religiosa. «Tratan de anticiparse a un supuesto conflicto cuando hay estudios que dicen lo contrario, que donde hay centros de culto mejora la seguridad ciudadana».
El cambio normativo ha generado un «sentimiento de exclusión» que afecta especialmente a los credos minoritarios, los que necesitan espacio para crecer. Grupos muy distintos en creencias y estilo de vida barajan acciones conjuntas, conscientes de que ganarían fuerza y medios económicos. En diciembre dieron una respuesta común ante una restricción que «limita de forma grave y desproporcionada un derecho fundamental». Comunidades islámicas, evangélicas, mormonas y ortodoxas firmaron el mismo escrito de protesta, que también respaldó la Compañía de Jesús.
Ahora planean utilizar esos contactos para ir un paso más allá. «Estamos pendientes de un nuevo encuentro», dice Juan Muela. «Hay que palpar el ambiente, ver si hay ganas de luchar. Ojalá vayamos juntos, porque nos une un derecho fundamental que vemos amenazado. Nos han tratado a todos igual de mal». Si no se forma una plataforma, los cristianos evangélicos están decididos a actuar en solitario y ya han contactado con el gabinete jurídico de Ferede. También los mormones van a hablar con sus abogados para tomar una decisión. Los musulmanes han mantenido una primera reunión y estudian unirse a otras confesiones «porque esto no afecta solo a las mezquitas», dice Ahmed El Hanafy, de la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco.
«Una postura intermedia»
Aunque nadie duda que son dos mezquitas la de Concepción, la mayor de Euskadi, y la de Pablo Alzola, que no llegó a abrirse las que están en el origen de esta regulación. Las protestas vecinales, más intensas en Basurto, empezaron en marzo de 2011. El PP no tardó en pedir una ordenanza y el PNV, en el primer pleno de este mandato, anunció su intención de modificar el Plan General. «Cada vez que se pide licencia para un centro de culto hay un conflicto social», argumentó el entonces concejal de Urbanismo, Ricardo Barkala. La idea era avanzar en paralelo a la norma que preparaba el Gobierno vasco, pero el proyecto del gabinete de Patxi López ha quedado en un cajón.
Finalmente el PNV ha aprobado los nuevos artículos del Plan General en solitario, con la abstención del PP, que cree insuficiente esta medida, y el frontal rechazo de Bildu y PSE. «Hemos adoptado una postura intermedia», defiende el concejal de Urbanismo, Ibon Areso. «Tomamos esta decisión para evitar un foco de polémica que iba a más, pero llegamos hasta aquí», precisa. «No hemos querido hacer diferencias entre confesiones ni por aforos porque ahí sí entraríamos en la regulación de la libertad religiosa». Cree que el hecho de no traspasar esta línea les pone a salvo en los tribunales, aunque es consciente de que «este es un tema muy protegido constitucionalmente y puede haber flecos de duda». «Si hubiera una sentencia contraria, la acataríamos», dijo en el pleno.
El Ayuntamiento insiste en que «no se crean guetos ni se manda a nadie al extrarradio» porque en el centro de la ciudad «hay muchos edificios terciarios, equipamentales y productivos» susceptibles de albergar oratorios, siempre que los promotores puedan pagar la compra o alquiler de los locales. La prohibición de instalarse en bloques de viviendas se ha extendido posteriormente a pubs y discotecas, lo que la comunidad evangélica interpreta como un signo de mala conciencia. «Nos meten a todos en el mismo cajón, en la categoría de las actividades molestas, y eso nos parece un insulto», se queja Juan Muela. «Creemos que no es un problema urbanístico sino de xenofobia, miedo al extraño, y por intereses electoralistas han dado la razón a unas quejas vecinales no suficientemente fundadas».