La República Dominicana ha declarado la guerra a los haitianos. El Tribunal Constitucional acaba de anunciar una sentencia que en la práctica despoja de derechos a cuatro generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana nacidos en el país, sin duda un arriesgado paso atrás en la defensa y garantía de los derechos más básicos de cualquier ciudadano. Una noticia «extremadamente preocupante», según la ONU que, además, llega en un momento en el que el Departamento de Trabajo de EEUU ha dado un tirón de orejas al país por saltarse por completo la legislación laboral en las plantaciones de azúcar dominicanas, donde la mayoría de los trabajadores son haitianos.

El polémico fallo del Constitucional establece que las personas nacidas en el país de padres extranjeros en tránsito –una manera pseudolegal de referirse a la comunidad haitiana– después de 1929 no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, a pesar de que muchos de ellos tengan en su poder certificados de nacimiento, expedidos por el propio Estado dominicano y no conozcan otro país que la propia República Dominicana.

La decisión, inapelable y que se basa en una argumentación jurídica que muchos expertos constitucionales aseguran que carece de toda lógica, afectaría a 250.000 personas nacidas en la República Dominicana de ascendencia haitiana. Es una peligrosa decisión en un país donde la mayoría de sus 10 millones de habitantes es descendiente de africanos, europeos o caribeños.

La sentencia llegó dos días antes de que el Departamento de Trabajo de EEUU ratificara la denuncia del padre Christopher Hartley y le diera la razón en su argumento de que en la República Dominicana un haitiano que trabaja en las plantaciones de caña de azúcar «tiene menos derechos que un buey».

Así lo denunció él de forma oficial en diciembre de 2011 ante la máxima instancia laboral del Gobierno estadounidense y ahora, con más de un año de retraso, acaba de publicarse un informe oficial que ratifica uno por uno la ristra de abusos que él mismo enumeró acusando directamente con el dedo tanto a la industria azucarera como al Gobierno dominicano.

El informe publicado ahora habla de «aparentes y potenciales violaciones» de la legislación laboral en el sector azucarero; a saber, pagos por debajo del salario mínimo, jornadas laborales de 12 o más horas, semanas laborales de siete días, falta de agua potable, engaños en el peso y cobro de la caña, y la inexistencia de equipos de seguridad para los cortadores de caña, de origen y ascendencia haitiana. El documento conocido ahora señala también la falta de escrúpulos de la industria a la hora de dar trabajo a menores, llegando a afirmar que en los cañaverales de la República Dominicana existe el trabajo forzoso y obligatorio. Pero hay más. El documento elaborado por los funcionarios estadounidenses indica la merma del derecho de asociación, de organización y de negociación colectiva con el despido de trabajadores afiliados o por participar en demandas contra los empleadores, entre otros abusos.

«Creo que es la victoria de los pequeños e indefensos de la tierra frente a los poderosos; demuestra que nadie está por encima de la ley; Dios levanta del polvo a los humildes y humilla a los poderosos», declaró a EL MUNDO el padre Christopher desde Etiopía, donde conoció la publicación del ansiado informe. Las conclusiones del Departamento de Trabajo pondrían en la cuerda floja la legitimidad del acuerdo de libre comercio firmado entre EEUU y la República Dominicana, en vigor desde marzo de 2007 y a las más de 200.000 toneladas métricas de azúcar crudo que en 2012 la República Dominicana exportó a EEUU.

Ahora, el temor del padre Christopher es que Washington empiece a poner en cuestión el azúcar que llega de la República Dominicana y, en consecuencia, la industria decida elevar la cantidad de azúcar que exporta a la Unión Europea. «Queda mucho camino por recorrer y yo seguiré estando con los ojos abiertos hasta que lo que dice la tinta se cumpla sobre el lodo del cañaveral», indicó el sacerdote, para quien lo más importante son los «agentes de verificación». De lo contrario, «el informe valdrá menos que el mismísimo papel en el que está impreso». El Departamento de Trabajo se compromete a revisar las condiciones de los cañaverales en seis meses, con una dotación de 10 millones de dólares para mejorar la situación.