Los 155 supervivientes del naufragio del pasado jueves frente a la isla italiana de Lampedusa podrían ser condenados a pagar hasta 5.000 euros en virtud de la ley italiana que castiga la inmigración clandestina. Después de desembolsar a las mafias alrededor de 370 euros por el pasaje desde Libia hacia Europa y de ver cómo la mayoría de sus compañeros de viaje se dejaba la vida en el intento (ya son 111 los cadáveres recuperados y quedan más de 200 desaparecidos), los eritreos y somalíes serán ahora procesados por la Fiscalía por haber entrado en el país de forma ilegal. En Italia, desde 2009, la clandestinidad es un delito que se castiga con multas y con la expulsión inmediata hacia el país de origen, siempre que resulte posible.

La normativa italiana sobre inmigración, una de las más duras de los 28, prevé además el castigo a aquellos que ayuden a los inmigrantes irregulares a entrar en el país. Como explicó la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, la persecución que sufren los pescadores que ayudan a las embarcaciones explicaría que tres buques pesqueros se negaran a ayudar a los náufragos.

Los somalíes y eritreos que sobrevivieron están albergados en el centro de internamiento con que cuenta la isla. Con una capacidad para 250 personas, acoge hoy a 1.050, en su mayoría mujeres y niños provenientes de países en guerra y, por tanto, con potencial derecho a tener asilo. Las condiciones de vida en el centro son duras. Basta pensar que cada retrete hay que compartirlo con otros 50 inmigrantes. Muchos han de dormir en colchonetas al aire libre, pues no hay espacio para todos.

El hecho de que, después de su odisea y de conseguir burlar a la muerte, tengan que ser procesados por la Justicia italiana ha provocado un enconado debate en el país. El diputado Mario Marazziti, de la coalición centrista Elección Cívica, liderada por Mario Monti, dijo ayer que esta situación era «una vergüenza», y abogó por cambiar lo antes posible la ley para eliminar el delito de inmigración clandestina. La cuestión no será fácil, pues se teme que si el Gobierno se limita sólo a aligerar la normativa, se produzca un «efecto llamada» que aprovecharían las mafias.