Sembrar vientos suele producir tempestades. La vergonzosa tragedia ocurrida junto a la isla de Lampedusa, en la que han perdido la vida un número de personas todavía incierto (se ha encontrado más de un centenar de cadáveres y quedan 200 desaparecidos) no es el resultado de un imprevisible accidente. Es la consecuencia, entre otras circunstancias, de la deriva xenófoba que el Gobierno de Silvio Berlusconi sustanció cuatro años atrás, con una reforma legal en Italia que convirtió en delincuente a todo inmigrante indocumentado y penalizó las conductas de los que puedan ayudarle, bien alquilándole una vivienda, bien rescatándolo del mar. Sería una vergüenza añadida que esa fuera precisamente la razón por la que hasta tres barcos avistaran la embarcación naufragada el jueves y denegaran su asistencia al medio millar de personas que huían de la pobreza y la persecución política.

Ahora resulta casi una broma macabra que el viceprimer ministro italiano y responsable de Interior, Angelino Alfano, antes estrecho colaborador de Berlusconi, sea el que reclame ayuda a una Unión Europea que, por otra parte, calló ante los excesos xenófobos del país transalpino. Esta semana, mientras Europa se conmocionaba por lo ocurrido en las costas de la pequeña isla mediterránea, la Comisión Europea y los Gobiernos exhibían, de nuevo, un sonoro silencio con respecto a las derivas xenófobas. Solo el papa Francisco fue capaz de alzar su voz indignada. Yermo el campo de dirigentes políticos de talla, un líder religioso es el que brama contra una tragedia que registra demasiados antecedentes.

La Europa fortaleza se ha rearmado en los últimos años con leyes migratorias en las que ha predominado el sesgo policial. La seguridad, primero, y la recesión económica después han sido las coartadas ideales para endurecer las normas, tanto nacionales como europeas. Hasta el Gobierno socialista francés se ha sumado a la corriente estigmatizando a los rumanos de etnia gitana. España aportó recientemente su grano de arena al negar la tarjeta sanitaria (que da acceso a la atención pública) a unos 150.000 inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

El conjunto de la UE se ha desentendido de los problemas que genera la afluencia masiva de migrantes, salvo en lo que se refiere a las tareas de vigilancia marítima a través de Frontex —que actúa a demanda del país afectado— y los acuerdos logrados con países africanos de origen o tránsito de personas. Mientras tanto, cientos de inmigrantes, tal vez miles, en un goteo dramático, han muerto en el Mediterráneo ahogados o a causa del hambre y la insolación, sin que la afamada solidaridad europea haya hecho acto de presencia. Al igual que Nicolas Sarkozy desoyó las peticiones de ayuda italiana para dar cobijo en Francia a los tunecinos que huían del conflicto en su país, ni Roma ni Bruselas han atendido las permanentes reclamaciones de la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, impotente ante la permanente avalancha de africanos.

Cada año, medio millón de personas intentan entrar ilegalmente en Europa y unos 400.000 piden asilo. La convulsión producida por la llamada primavera árabe en el norte de África dificulta que algunos de sus países mantengan a raya a las mafias que mercadean con seres humanos, ansiosos de un porvenir que su patria les niega. La profunda brecha económica entre ambas orillas del Mediterráneo es un reclamo permanente que en modo alguno puede combatirse permitiendo o legalizando los atropellos contra los derechos humanos, puestos en marcha por diferentes Gobiernos. Tal actitud contraviene los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea. Esperar a que esta tragedia, como las que le han precedido, se borren de la memoria colectiva es una estrategia letal.