«Estoy escandalizada por el silencio
de la Unión Europea, que acaba
de recibir el Nobel de la Paz y
sin embargo sigue inmóvil ante
una tragedia que empieza a alcanzar
cifras asociadas hasta ahora a
las guerras». Con frases como ésta
la alcaldesa de Lampedusa,
Giusi Nicolini, trató de llamar la
atención de Bruselas el pasado
año ante el creciente número de
víctimas que han ido apareciendo
en la costa de esta pequeña isla
italiana, convertida en una de las
mayores puertas de entrada a Europa
de la inmigración ilegal por
su cercanía a Túnez y Libia.
Como Nicolini, muchos otros
mandatarios regionales de zonas
que conforman la frontera exterior
de Europa han llamado continuamente
a la puerta de la Comisión
Europea para exigir más ayudas que
eviten tragedias como la que tuvo lugar
ayer en Lampedusa. Tienen razón
para quejarse, porque la UE deja
en manos de los Estados miembros
casi toda la responsabilidad de
vigilar sus fronteras hacia el exterior:
el presupuesto comunitario para
esta partida se limitó en 2011 (último dato disponible) a 426 millones
de un presupuesto total de 126.000
millones de euros, es decir, apenas el
0,33% de todos los recursos.
Dentro de la partida genérica denominada
«solidaridad y gestión de
flujos migratorios» la mayor cantidad,
190 millones, va a parar al Fondo
de Fronteras Exteriores, que a su
vez repercute en los países que gestionan
estas zonas geográficas. Sólo
hay 17,5 millones de fondos comunitarios
previstos para situaciones de
emergencia en casos de flujos masivos
de inmigración.
En Bruselas recuerdan que el control
de las fronteras es responsabilidad
de los Estados
miembros aunque la
UE cuenta con una
agencia –Frontex– encargada
de prestar
apoyo logístico y económico
en las zonas
especialmente conflictivas.
Sin embrago su
presupuesto, de sólo
111 millones de euros,
es pequeño en comparación
con la función
tan relevante que desempeña
esta entidad.
La libre circulación de
personas en territorio
europeo otorga a los
Estados con fronteras
físicas con países terceros
una responsabilidad
adicional y un sobrecoste
presupuestario
difícil de gestionar
en estos años de crisis.
Un informe reciente de Frontex
admite los riesgos que suponen para
la gestión de las fronteras los recortes
presupuestarios que se están
aplicando tanto en la UE como en
los Estados miembros. «Las medidas
de austeridad pueden aumentar las
diferencias entre los países en su capacidad
para gestionar las fronteras
(…). Estas medidas tendrán inevitablemente
un impacto en la eficacia
de los controles para prevenir actividades
ilegales y la entrada de inmigrantes
», advertía el texto. Este informe
alerta de que «las detenciones
de cruces ilegales de fronteras externas
en la UE ha crecido un 35% en
dos años, desde las 104.000 de 2009
a las 141.000 en 2011».
El presidente de Ceuta, Juan José
Vivas, pidió la semana pasada a la
UE una mayor implicación «al dotar
de los medios adecuados para atender
debidamente esta problemática
». Pero los recortes en el presupuesto
europeo van en la dirección
contraria y dificultan aún más las tareas
de control y prevención del tráfico
ilegal de personas que con frecuencia
deriva en tragedias como la
de ayer. Además, los países europeos
que más problemas económicos
están afrontando son los que deben
gestionar las zonas más conflictivas
de flujo de inmigración ilegal,
como la frontera con Túnez, Marruecos,
Albania y Turquía. Uno de
los socios europeos que más problemas
afronta para controlar sus fronteras
es Grecia. Por ellas entran el
40% de los inmigrantes ilegales que
cada año llegan a la UE, según los
datos de Frontex. Casi la mitad del
presupuesto europeo destinado a esta
partida ha sido utilizado para ayudar
a las autoridades griegas, desbordadas
por la enorme cantidad de
peticiones de asilo recibidas desde
que estallaron las Primavera árabe y
se intensificó el conflicto en Siria.
La responsable de Interior de la
Comisión, Cecilia Malmström, se
mostró ayer «horrorizada» y pidió
«redoblar esfuerzos para lucha contra
los traficantes que explotan la desesperación
humana».