Cuando escribo estas líneas, 200 inmigrantes procedentes de Somalia y Etiopía han sido declarados muertos en las costas de Lampedusa y casi otros tantos desaparecidos. La información indica que los ocupantes del bote procedían de Somalia y Eritrea, dos naciones del Cuerno de África que se encuentran a 4.000 km de distancia de Lampedusa. 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas) han recorrido 4.000 km para embarcarse en un viaje que les aleje de la guerra somalí y de la opresión eritrea, si no de la miseria que acogota a dos de los países más pobres del mundo.

Pero la tragedia de la que huían no explica por completo la decisión de embarcarse en un viaje que ya se ha cobrado la vida de decenas de miles de africanos en el Mediterráneo. Quienes se suben a estas embarcaciones saben que no les queda otra alternativa. Europa entornó sus puertas hace muchos años y ha dejado claro que no son bienvenidos bajo ninguna circunstancia. Tras negarles un visado en sus países de origen, nuestros gobiernos han subcontratado a los Estados del Norte de África para que hagan el trabajo sucio que sus votantes no admitirían aquí: miles de subsaharianos deambulan por las ciudades costeras de países como Marruecos o Argelia, sometidos al racismo, el acoso y la violencia de las fuerzas de seguridad.

Cuando consiguen llegar a Europa tras pagar una fortuna a una mafia, la situación solo mejora ligeramente. Los Estados miembros de la UE han establecido para los inmigrantes irregulares lo que a todos los efectos constituye una ciudadanía de tercera clase. Los recluimos durante meses por una falta administrativa, les negamos el acceso a derechos esenciales como el de la salud y les difamamos públicamente acusándoles de robar nuestros empleos o de amenazar nuestras buenas costumbres. En países como Grecia, Holanda o Noruega, aupamos a partidos políticos que abogan abierta y violentamente contra ellos. Convertimos su vida en un infierno con la esperanza de que los que vengan detrás aprendan la lección. Como si no hubiesen mamado desde niños lo que constituye un verdadero infierno de pobreza y opresión.

Así que las palabras de ayer de la Comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, (la UE tiene que “redoblar los esfuerzos para combatir a los traficantes que explotan la desesperación humana”) suenan hoy a un sarcasmo intolerable. No hay traficantes si no hay muros insalvables, lo que sitúa a Europa en la categoría de culpable.

Con franqueza, sueño con que mis nietos echen la vista atrás a estos días y se avergüencen de nosotros. Espero que recordemos la tragedia de Lampedusa como recordamos el asesinato de los activistas por los derechos civiles o el encarcelamiento de las sufragistas. Me sorprende que la actitud firme del Papa Francisco en este asunto llame tanto la atención, cuando lo verdaderamente destacable es que la Conferencia Episcopal española no haya abandonado el silencio cómplice ante medidas como el apartheid sanitario impuesto por el Gobierno. Porque cuando Italia ha declarado un día de luto nacional por el naufragio no ha hecho más que constatar lo obvio: cada uno de los que ha muerto hoy es uno de nosotros.