Vitoria
El Ararteko, Iñigo Lamarca, pidió
ayer al Departamento de
Salud del Gobierno vasco que
Osakidetza atienda a todos los
inmigrantes irregulares, también
a los que no llevan un año
empadronados en Euskadi.
El consejero de Empleo y Políticas
Sociales, Juan María
Aburto, matizó que los menores
inmigrantes, las mujeres embarazadas
y las personas que se
encuentran en «situaciones urgentes
» ya cuentan con esa
atención en Euskadi.
El Ararteko hizo pública ayer
una recomendación a la consejería
dirigida por Jon Darpón
en la que subraya que el derecho
a la salud está considerado
«un derecho humano en el Derecho
Internacional de Derechos
Humanos y también en la
Constitución Española».
Por ello, Lamarca entiende
que las restricciones a la atención
sanitaria a inmigrantes
irregulares que el año pasado
puso en marcha el Gobierno
central suponen «un retroceso»
en ese derecho «sin que haya
quedado acreditada su necesidad
». El Ararteko recuerda que
en abril preguntó al Ejecutivo
vasco si tenía previsto atender a
los inmigrantes que no cumplieran
con el requisito de llevar
un año empadronados y que el
Gobierno le aseguró que si el
solicitante «cumple con el resto
de requisitos, se le remitirá un
documento de asistencia que
tendrá validez», informa Efe.
Posteriormente Lamarca recibió
varias quejas por la negativa
a expedir estas acreditaciones, lo
que le llevó a pedir de nuevo información
al Departamento de
Salud, que le detalló que estas
personas serían atendidas en casos
de urgencia por enfermedad
grave o accidente, durante el embarazo,
parto y postparto, y también
en caso de minoría de edad.
El Departamento de Darpón
añadió que de su anterior respuesta
de abril «no se debía interpretar
» que iba a «facilitar
tarjeta sanitaria» a los inmigrantes
con menos de un año de empadronamiento.
Sin embargo,
Lamarca entiende que se ha producido
un «cambio en la voluntad
» del Gobierno vasco.
«Es evidente que se nos comunicó
la intención de abrir un cauce
para ofrecer un documento de
asistencia» a este colectivo, critica
el Ararteko, que considera la
exigencia de un año de empadronamiento
como «una barrera
» para «acercar a estas personas
al sistema público de salud»,
algo «fundamental y universal».