La Policía Fronteriza se ha visto forzada a cambiar su normativa sobre el uso de la fuerza después de que 19 personas resultaran muertas desde 2010 en diversos incidentes con agentes y miembros del Congreso pidieran explicaciones tras el fallecimiento mientras estaba en custodia hace tres años de un hombre que fue apaleado y sometido a varias descargas eléctricas con una pistola en California.

Las 19 muertes incluyen seis que se produjeron en el lado mexicano de la frontera, entre ellas la del joven de 16 años José Antonio Elena Rodríguez, tiroteado por la espalda por la Policía Fronteriza al menos en siete ocasiones el año pasado en octubre por lanzar piedras a los agentes, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés).

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza –dependiente de Seguridad Nacional- ha informado esta semana que ha concluido tres informes al respecto con “más de 90 recomendaciones” y dos investigaciones internas, estas dos últimas confidenciales. Entre los cambios que se van a producir se encuentra la actualización del conocido como Manual de Política en el Uso de la Fuerza, que se hizo de uso común en 2010 pero se puso en tela de juicio el año pasado. En el comunicado emitido esta semana por la Policía Fronteriza se dice que, a partir de ahora, los agentes “solo usarán la fuerza que sea razonablemente necesaria para efectuar una detención, protegiendo la vida del agente, funcionario u otro sujeto”. El párrafo concluye con una anotación: “El uso excesivo de la fuerza está estrictamente prohibido”.

El conjunto de cambios que se van a poner en marcha –algunos ya lo están; otros se irán aplicando en el futuro- es fruto de la revisión efectuada por la oficina del Inspector General de Seguridad Nacional que estudió casi 1.200 quejas entre 2007 y 2012 sobre el uso excesivo de la fuerza por la agencia federal. En ese informe se dice que muchos agentes no entienden cuándo deben de recurrir a la fuerza ni han recibido el suficiente entrenamiento al respecto.

A partir de ahora, el uso mortal de la fuerza solo se permitirá "si existe una convicción razonable de que el sujeto” supone un peligro inminente de muerte o heridas serias” tanto para él como para otras personas. Los agentes fronterizos recibirán cuatro día adicionales en sus cursos de capacitación, aplicando escenarios posibles en los que se requiera el uso de la fuerza en la frontera. También se pondrá en funcionamiento un programa piloto que coloca cámaras de vídeo en los coches de los agentes y en botones en las solapas de sus uniformes, algo que en opinión de la ACLU reduce considerablemente el uso de la fuerza, además de proteger a los agentes del ordende acusaciones falsas.

El suceso que provocó el informe de Seguridad Nacional fue el relativo a la muerte de Anastasio Hernández-Rojas, en junio de 2010. Según los agentes que le custodiaban en un centro de detención en San Diego (California) antes de ser deportado, el hombre se mostró combativo y se vieron en la necesidad de reducirle en varias ocasiones. Sin embargo, dos años después, un vídeo mostraba a ese mismo hombre tirado en el suelo, rodeado por unos 20 agentes que ignoraban sus súplicas de ayuda en español y que llegaron a aplicarle la pistola de descargas eléctricas hasta en tres ocasiones.

Pero a pesar de la revisión de las alegaciones de mal uso de la fuerza y de los cambios que se aplicarán, la ACLU considera que falta una pieza importante para completar el puzzle: “Transparencia y responsabilidades”. Según la organización de defensa de los derechos civiles, es necesario que los agentes que han estado involucrados en los incidentes en los que ha existido un excesivo uso de la fuerza con resultado de muerte respondan de sus actos, según ha explicado en un comunicado Vicki Gaubeca, directora de ACLU para la región de Nuevo México. “Sin un compromiso de que se va a acabar con la cultura de la impunidad, estos primeros pasos no llevarán a ninguna parte”, finaliza el comunicado.

Desde 2006, la Policía Fronteriza casi ha doblado su tamaño hasta alcanzar los 21.000 agentes que vigilan que no entren emigrantes de forma ilegal en EEUU. Su rápido crecimiento hizo que tanto el Congreso como grupos como la ACLU incrementasen su escrutinio sobre una agencia del orden cuyos agentes –a veces solos- vigilan más de 3.000 kilómetros de frontera.

El informe que se ha hecho público esta semana llega justo cuando el Congreso se dispone a debatir la reforma de la ley de emigración, que incluye dotar de 3.000 millones de dólares adicionales a la Policía Fronteriza, así como del uso de drones o aviones no tripulados para vigilar la frontera.