El trato dado en Francia a los rom, los gitanos nómadas procedentes del Este de Europa –fundamentalmente, de Bulgaria y Rumanía–, ha vuelto a tensar las relaciones entre París y Bruselas. El portavoz de la Comisión Europea, Olivier Baily, amenazó ayer al Estado francés con la imposición de sanciones si no respeta el derecho a la libre circulación de los miembros de esta comunidad, que son ciudadanos europeos como los demás. “Si los tratados no se cumplen, la Comisión utilizará todos los medios a su disposición”, advirtió. No es la primera vez que las amenazas han volado de Bruselas a París por el problema de los rom; ya pasó algo así en el 2010. La diferencia es que entonces estaba Nicolas Sarkozy en el Elíseo y hoy está el socialista François Hollande.

PHILIPPE WOJAZER / REUTERS El ministro francés del Interior, Manuel Valls, se reafirmó ayer en sus planteamientos

La chispa que ha desencadenado este nuevo brote de tensión son unas declaraciones realizadas en evidente clave electoral –dentro de seis meses se celebrarán en Francia elecciones municipales– por el ministro del Interior, Manuel Valls, quien afirmó que la mayoría de los rom no son integrables en la sociedad francesa porque no aspiran a integrarse, y que su destino ha de ser regresar a sus países de origen.

“Es ilusorio pensar que arreglaremos el problema de las poblaciones rom a través únicamente de la inserción”, dijo Valls en la emisora de radio France Inter, una vía –añadió– que presenta numerosas dificultades, debido a la oposición de los municipios que deben albergar los nuevos asentamientos, y que en todo caso afecta a una número limitado de familias. “Estas poblaciones tienen modos de vida extremadamente diferentes de los nuestros, y están en confrontación con los nuestros”, se extendió el ministro del Interior, para quien “no hay otra solución que desmantelar los campamentos (ilegales) progresivamente y reconducirlos (a los rom) a la frontera”.

Las declaraciones de Manuel Valls, que se ha alineado desde hace años en el ala derecha del Partido Socialista, chocaron enormemente en el ámbito de la izquierda. Importantes figuras del PS, como la ex primera secretaria Martine Aubry y el ministro de Regeneración Industrial, Arnaud Montebourg, criticaron abiertamente a su compañero de filas, y lo mismo hicieron sus aliados ecologistas, por boca de François de Rugy, presidente del grupo de los verdes en la Asamblea Nacional. El actual jefe de filas del partido, Harlem Désir, también marcó sus distancias.

A pesar de este malestar transversal, el Gobierno salió a defender a Manuel Valls, argumentando –así lo hizo la ministra portavoz, Najat Vallaud-Belkacem– que las palabras del ministro del Interior habían sido reproducidas sólo parcialmente… y que en el fondo se mantienen en la línea gubernamental, que pretende combinar integración y represión de las conductas delictivas, así como el desmantelamiento de los campamentos ilegales. La primera parte apenas funciona, sin embargo, como se encargó de recordar la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding: “Hay 50.000 millones de euros sobre la mesa para integración, pero no son utilizados, no se hace el trabajo de integración”, se quejó.

Manuel Valls, fuerte en su posición, se reafirmó ayer en sus opiniones. Pero si la dureza con que expresó su opinión al respecto es inédita, responde exactamente a la práctica que el Ministerio del Interior –con el aval del primer ministro y del presidente de la República– aplica con mano firme desde la asunción del cargo, en la primavera del 2012. Y que no es otra que la política que ya aplicaba Nicolas Sarkozy.