Bilbao. La polémica generada en torno al asentamiento rumano de Ergobia resulta incomprensible para los integrantes de la plataforma SOS Racismo. No entienden, explicaba ayer Agustín Unzurrunzaga, las lecturas parciales del plan de integración social diseñado y puesto en marcha con la colaboración del Gobierno vasco cuyos primeros avances ya son una realidad.

Los pasos dados en este año y medio la vigencia del plan es de cinco años “son muy importantes”, calificaba el portavoz de este colectivo en Gipuzkoa. Sobre todo, el relacionado con la escolarización de los menores. “Que los padres acepten la escolarización de sus hijos significa disposición de fijación. Algo fundamental porque supone que la generación futura pueda o intente vivir con procedimientos o con medios diferentes a los que han tenido los padres. Esto se ha dado en Astigarraga y en Hernani. Están todos escolarizados. Se ha permitido el acceso a servicios sanitarios mínimos. Es un proceso modélico. El único de estas características que existe en Euskadi y en el Estado; y no conocemos ningún proceso en Europa de estas características”, dijo Unzurrunzaga.

Sin ir más lejos, ayer mismo el ministro francés del Interior, Manuel Valls, mostraba su oposición a la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen “mientras no se resuelvan los problemas de seguridad que causan sus gitanos en otros países”. Valls aseguró, en este sentido que “hay problemas, y no los niego, con poblaciones gitanas asentadas en campamentos ilegales, algunas de las cuales se dedican a la delincuencia y a la mendicidad”.