Médicos del Mundo lleva un año haciendo campaña en contra de la decisión del Gobierno de retirar las tarjetas sanitarias y, por tanto, la atención sanitaria (salvo casos de urgencia, a mujeres embarazadas menores) a inmigrantes sin papeles. E incluso han documentado con nombres y apellidos centenares de casos en los que se habría denegado la asistencia que el decreto mantiene. No han conseguido modificar ese decreto, pero tienen claro que seguirán luchando para que ninguna persona quede excluida de la sanidad española. Lo hacen por los 870.000 que han perdido la tarjeta sanitaria este año.

Este es uno de los datos que ayer ofreció esta oenegé durante la presentación de la campaña “Nadie desechado”, que vuelve a insistir en las “nefastas” consecuencias de la reforma, que no sólo afecta a los simpapeles, también a personas con dependientes a su cargo, pensionistas, familias con bajos ingresos y enfermos crónicos, a consecuencia de los nuevas instrucciones del copago farmacéutico. Unión Democrática de Pensionistas dice que el 16% de los jubilados no pueden completar sus tratamientos farmacológicos debido a su elevado coste.

“Para la salud pública, todas estas medidas son peligrosas, porque no se siguen las enfermedades transmisibles”, explicó el presidente de la oenegé, Álvaro González. “Pero desde el punto de vista económico es ineficaz, porque la exclusión de colectivos genera un sobrecoste a medio plazo”, agregó, mencionando los retrasos en los diagnósticos y el deterioro de los enfermos crónicos.