Manuel Valls quiere erradicar los campamentos ilegales de gitanos rumanos y búlgaros que han proliferado en Francia y repatriar a sus ocupantes. «Pensar que vamos a resolver el problema a través de la integración no es realista», declaró ayer a France Inter el ministro del Interior galo.

«Esa gente tiene modos de vida que son extremadamente diferentes de los nuestros y alrededor de sus asentamientos se genera mendicidad y delincuencia», señaló Valls, justificando el reciente desmantelamiento de un campamento al sur de Lille (Norte) que era, con más de 1.000 ocupantes, uno de los mayores surgidos en el Hexágono en los últimos años. «Los romaníes tienen vocación de volver a Rumanía o a Bulgaria», donde las autoridades de ambos países deberían «hacer esfuerzos para su integración», añadió el ministro más popular del Gobierno de François Hollande.

Los roms, como se les denomina en Francia, se hallan en el punto de mira de buena parte de la opinión pública gala y un sinfín de alcaldes en pos de revalidar su mandato, cuando sólo quedan seis meses para los comicios municipales. En un año electoral como éste y con el Frente Nacional cada vez más pujante en los sondeos de intención de voto, la comunidad gitana que se ha instalado en Francia, procedente de la Europa del Este, se perfila como una de las damnificadas de la inminente campaña.

«¿Creen ustedes que se acosa demasiado a los gitanos? Pues yo tengo la sensación de que son los gitanos quienes acosan a los parisinos», sugería en i-Télé Nathalie Kosciusko-Morizet, la elegida de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) para luchar por el sillón consistorial en la capital. «Hay un acoso real a la salida de los colegios contra los niños. ¡Vayan a verlo! La única solución es obligarles a irse», añadía su correligionaria conservadora Rachida Dati.

Para la candidata del Partido Socialista al Hôtel de Ville, Anne Hidalgo, «resulta del todo inaceptable la estigmatización de los romaníes y la explotación política de un dossier tan complejo». Sin embargo, en las filas del PS son conscientes de que el problema puede estallarles en las manos si no se gestiona con autoridad. Como recuerda Le Monde, fue la ex primera secretario socialista, Martine Aubry, quien en réplica a un discurso proteccionista de Nicolas Sarkozy en Grenoble, en verano de 2010, puso en marcha una moratoria que bloqueó los desalojos durante casi un año en la ciudad de Lille de la que es alcaldesa. Consecuencia: el número de roms establecidos en esta metrópoli norteña ha pasado en los últimos tiempos de 600 a 3.200. Lo suficiente como para avivar el descontento ciudadano en un área muy afectada por el desempleo y la delincuencia, donde el FN gana apoyos día a día.

¿Y Marine Le Pen qué dice? Pues la líder ultranacionalista evoca nada menos que un «clima de guerra civil» en Francia y sugiere que Hollande se muestre inflexible sobre la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen, que facilitaría la circulación sin control de los gitanos por toda Europa. Para Valls, «no hay nada decidido sobre Schengen» y lo único cierto es que «la explosión de atracos que se vive hoy en Francia se debe a redes que vienen del Este y que siembran el terror».

Según una encuesta realizada por Harris Interactive, un 70% de los ciudadanos se declaran «preocupados por la presencia de gitanos del Este en Francia», mientras que SOS Racismo denuncia que «algunos cargos públicos incitan al odio racial».

«Mendicidad excesiva y robos»

> Durante el quinquenio de Nicolas Sarkozy (2007-2012), Francia llegó a desmantelar 128 campamentos de gitanos y expulsó a 977 en un mes, aduciendo «robos y mendicidad excesiva». Ante las críticas cosechadas en la UE, ‘Sarko’ invitó entonces a la vicepresidenta de la Comisión Europea, la luxemburguesa Viviane Reading, a acoger a los romaníes en su país antes de criticar a Francia.

> Francia alberga a unos 15.000 gitanos de la Europa oriental, para los cuales el Ejecutivo socialista propuso en una circular de agosto de 2012 diversas soluciones de integración que no dieron los frutos deseados. Este verano, Valls dictó una orden de expulsión para varios miles de ilegales.