Asa columpia sus nueve añitos en el parque sin saber que tiene a salvo su placer futuro, que papá la acaba de rescatar de una tortura de cuchillas a oscuras y que su nombre servirá para nombrar la historia de otras niñas sin columpio. Porque Asa es el primer caso de reagrupación familiar por riesgo de ablación, la primera vez que España autoriza la reunificación de una familia inmigrante ante la inminencia de una mutilación genital en su país de origen.

Y es que, esta vez, la vida llegó a tiempo: el padre voló a Guinea a por la niña y logró el visado para traerla un día antes de la fecha fijada para el tormento.

Ésta es la historia de I. B. y de Asa, la peripecia de un africano, hombre y musulmán, contra la violencia machista que roba a las mujeres el placer para siempre, encarnada esa guillotina atávica en la inocencia de su propia hija. Y es el desvelo de dos abogadas de la Fundación La Merced Migraciones que agitaron el mundo, de médicos y de ONG de España y de Guinea Conakry que estuvieron al quite y de funcionarios del Ministerio de Trabajo e Inmigración que hurgaron en la ley para poner un sí donde antes otros colegas de ventanilla habían puesto un no.

«Se comprueba el cumplimiento de los requisitos (…) en los artículos 52 a 56 del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril para la tramitación de residencia temporal inicial en virtud de Reagrupación Familiar», reza el papel de la Subdelegación del Gobierno en Toledo del 14 de mayo, el folio de la salvación de Asa. Porque entre esos cuatro artículos citados está el 54, el que habla de «circunstancias excepcionales acreditadas» para la reagrupación «en virtud del principio del interés superior del menor». Sin comillas: el riesgo de una ablación.

Ese acta es el final del calvario de I. B., un guineano de ojos que hablan y manos de emigración, esas huellas dactilares que deja una vida de tajo en las huellas dactilares.

legó a España en 2003 equipado con sus manos y una duda de lo aprendido en Guinea Conakry. «Mi religión no habla de ablación. Tenía dudas, y la cultura de aquí me ayudó a ver que es un horror. Convencí a mi mujer y decidí sacrificar mi vida para que no le hicieran la ablación a mi hija».

I. B. sabía que, aunque prohibida, la mutilación genital femenina es un mal endémico en su país y que su hija llevaba en el género la marca del cuchillo. En 2010, cuando la niña ya tenía edad (seis años) para ser mutilada, I. B. fue a Guinea por ver si persuadía al resto de la familia. Fracasó. Su madre, la abuela de Asa, apeló al «honor» y a lo interiorizado desde siglos. Y habló de organizar la ceremonia.

Entonces I. B. inventó algo. «Les dije que me habían convencido y que quería estar presente. Pero como debía volver a España para trabajar, les pedí un retraso hasta que yo pudiera ir a Guinea. Quería ganar tiempo».

Así, I. B. inició un tour de intentonas para salvar a su hija. En un escrito de 2010 donde citaba leyes internacionales que castigan la ablación, pidió a Guinea que evitase la mutilación de Asa. Nunca tuvo respuesta.

Con su familia presionando, I. B. gastó dos años de impotencias en ONG de aquí. Todas se topaban con la ley: si el cabeza de familia no tiene ingresos para sostener a quien pide traer, la reagrupación no se concede.

Por ejemplo, un acta oficial del 5 de febrero de 2013: «Denegada».

«Estaba desesperado. Mi hija tenía los días contados… Hasta la discriminaban en el colegio», dice hoy.

Pero un día de abril, I. B., recién parado, fue a La Merced Migraciones a buscar empleo. Allí, en sus despachos latientes, conoció a Sonia Rallo y a Patricia Fernández Vicens. «Fui a buscar trabajo y les conté mi historia. Y la vida cambió».

Las abogadas informaron a la Secretaría de Estado de Inmigración. Y hubo reacción. Si podían demostrar el riesgo que Asa corría y elevar los ingresos de I. B., Trabajo abrazaría el artículo 54 y haría la luz.

A comienzos de mayo, dos informes sociológicos y médicos de la Asociación Dimedimali África sobre el peligro que corría Asa y una ayuda mensual de 200 euros garantizada por la Coordinadora de Barrios de Madrid llegaron a Inmigración.

El Gobierno recibió el expediente, aplicó el artículo 54, rebajó el requisito económico «por causas excepcionales» y autorizó la reagrupación.

Ahora sólo faltaba un visado para la niña y un viaje para rescatarla. El hombre coraje voló a Guinea el 21 de junio con un billete de vuelta para el 12 de julio. «Le dije a mi madre que iba para la ablación y ya le habían puesto fecha: el 11 de julio».

A espaldas de una familia que ya afilaba la hoja del honor, I. B. fue al consulado a pedir el visado. «Pero me citaron para presentar papeles el 11 de julio, el día de la ablación. Y yo volvía el 12. No podía ser». I. B. llamó a las abogadas con la angustia del último peldaño. Rallo y Vicens hablaron con el Ministerio y éste telefoneó al consulado: «Acelerad».

I. B. fue recibido pronto, presentó los papeles y esperó. Y el 10 de julio, con el sudor de la ley pendiente, recibió la noticia de su vida: el visado.

Días antes, I. B. se había caído de una moto. Le dijo a la familia que tenía que volver a España para que le curaran y pidió retrasar la ablación.

Y así, el 12 de julio, I. B. cogió a su hija y fue al lugar del que salen los aviones de rescate. «Llamé a mi madre desde el aeropuerto y le dije que no volvía a España solo, que me llevaba a la niña. Mi madre me dijo que la había engañado y que la avergonzaba. Y que ya no era mi madre».

Hoy en España hay una niña a salvo y en Guinea una esposa aliviada, pero víctima. «A mi mujer la insultan y le dicen que ha entregado su hija a los blancos. Quiero traerla junto a mi otro hijo», cuenta en un descanso de su nuevo trabajo temporal, las tripas del AVE entre Zamora y Galicia.

Asa salta del columpio al ver que su padre trae una bolsa. Es ropa regalada. Hay vestidos, faldas… y unos guantes. Y Asa, nueve añitos de África, no sabe qué es eso con forma de mano y lleno de dedos vacíos. Es el calor, Asa, el calor contra el frío del mundo.