SOS Racismo exigió al Gobierno Vasco que elimine el año de empadronamiento para acceder a la asistencia sanitaria y criticó que los cambios de la normativa que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) «dificulta» el acceso a las prestaciones sociales «a colectivos especialmente vulnerables como el inmigrante».

La organización denunció que «por la puerta de atrás se han ido recortando derechos a los inmigrantes irregulares como el de la matriculación en la Escuela Oficial de Idiomas o el acceso a una vivienda de alquiler a través de Etxebide».

También trasladó su preocupación ante las «numerosas redadas a personas en situación administrativa irregular que han tenido lugar en 2012 y que se han convertido en un suceso», como la registrada el 8 de noviembre en Zorrozaurre (Bilbao), «donde fueron identificadas 54 personas, 36 de ellas detenidas y 11 enviadas al CIE de Aluche para ser expulsadas posteriormente».

SOS Racismo hizo ayer público su informe anual correspondiente a 2012 en el que constata un «descenso» del índice de tolerancia hacia las personas extranjeras. En este sentido, consideró imprescindible desarrollar propuestas concretas que combatan «ese clima social negativo».

En la presentación del informe en Madrid su secretario de la federación estatal, Mikel Mazkiaran, exigió al Gobierno que se recojan estadísticas relacionadas con los «delitos de odio» ya que, según aseguró, España es uno de los pocos países de la UE en la que no hay datos sobre este tipo de delitos. También denunció la «absoluta dispersión» en materia sanitaria.