El número de denuncias de inmigrantes por casos de discriminación en el acceso a la sanidad y a los servicios sociales públicos en Euskadi han aumentado en 2012, según constata SOS Racismo en su último informe, tanto en la comunidad como en el conjunto de España. El estudio, presentado ayer en Bilbao por los portavoces de esta ONG dedicada a auxiliar a los inmigrantes en situación administrativa irregular, señala que el recorte de prestaciones sanitarias para las personas indocumentadas es lo que más les preocupó en el País Vasco el año pasado.
En concreto, denunciaron la exigencia de contar con un año de empadronamiento en Euskadi para tener acceso a los servicios sanitarios públicos, medida adoptada el año pasado por el Gobierno vasco y que SOS Racismo exigió ayer que se elimine. La agrupación censuró también que el endurecimiento de la normativa para acceder a las ayudas económicas de inserción social ha provocado numerosas quejas de los inmigrantes en situación irregular. La ONG ha detectado de igual modo la dificultad que tienen los extranjeros sin papeles para acceder a una vivienda de alquiler de protección social.
Todas estas situaciones, que suponen un tercio de las denuncias recibidas en 2012, conforman lo que los portavoces de la organización en Euskadi denominan «racismo social» y que viene a confirmar, en su opinión, el «preocupante descenso de la tolerancia hacia el inmigrante en el País vasco detectado en el ultimo informe de Ikuspegi».
Los responsables de SOS Racismo en Euskadi también constataron que en el ejercicio pasado se produjo un incremento de las denuncias por redadas e identificaciones policiales indiscriminadas de inmigrantes en las calles del País Vasco.