El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), dependiente de la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, aseguró ayer que «garantiza la atención sanitaria a todos los pacientes sin tener en cuenta su procedencia».

El Sescam afirmó en un comunicado que «a nadie se le pregunta dónde ha nacido para ser atendido con la máxima calidad en cualquiera de los centros».

La entidad sanitaria respondió así a la organización no gubernamental Médicos del Mundo, que había repartido panfletos en los que se exponían los casos de cien inmigrantes a los que se les había, según la ONG, denegado el acceso a los servicios sanitarios castellano-manchegos tras el decreto-ley nacional que retira este derecho a los inmigrantes en situación irregular.

La presidenta de la asociación en la región, Idoia Ugarte, explicó que el objetivo del reparto de los panfletos era «visibilizar la situación de desatención sanitaria que hay en Castilla-La Mancha después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria que ha impuesto el Gobierno central».

Ugarte reprochó a la Administración regional la inexistencia de una «instrucción específica» que flexibilize la normativa estatal y de respuesta a la situación, como han desarrollado, según recordó, otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Aragón.

La dirigente de Médicos del Mundo consideró que «la situación un año después [del decreto-ley] supera las previsiones desastrosas que hacíamos». La asociación recordó que la salud es «un derecho y no un lujo». Por eso, en su opinión, la falta de atención a este colectivo «importante y grande» supone una «vulneración de los derechos humanos».

Ugarte añadió que Médicos del Mundo se ha reunido por tres veces con el director general de Ordenación y Planificación de la consejería de Sanidad, Javier Hernández y con el secretario general de Sescam, Fernando Sanz, para exponerles la situación. Además, remite a la consejería un informe mensual de seguimiento de la situación.

Sin embargo, la Administración les señaló, según Ugarte, su voluntad de que las restricciones se apliquen de forma «estricta» y que «en caso de enfermedades insisten en que la atención es en urgencias».