No conduce haciendo eses, carece de antecedentes penales, es moderado en la velocidad, respeta las señales de circulación y en la guantera siempre lleva los papeles del coche.

Ejercicio de agudeza visual: ¿por qué creen entonces que la Policía para constantemente al congoleño Gabriel Mbuyamba Ilunga cuando va al volante de su Renault Laguna azul de segunda mano?

La respuesta sólo puede ser una, tiene sumidos en la indignación al congoleño y a su pareja española (embarazada de seis meses) y reabre un debate que en realidad nunca se cerró: el de los controles raciales en nuestro país.

«Estoy orgulloso de ser como soy», nos cuenta Gabriel, electricista ocasional. «Es como si por tener esta piel uno fuese sospechoso para la Policía. ¿Es que un negro no puede conducir un coche?».

Desde que se sacó el carné y empezó a conducir en mayo, la Policía para cada mes y registra el coche a este subsahariano de 35 años que tiene tarjeta comunitaria, un bebé en ciernes, piso en Madrid y una L bien visible en la luna de atrás.

Desde que se sacó el carné, tres veces le han parado y le han ido los agentes con lo mismo. «¿El coche es suyo?». «¿Tiene carné de conducir?». «A ver, documentación».

Lo que hizo Rosalind Williams en su caso fue denunciar. Es negra, española nacida en Nueva Orleans, vive en Malasaña (Madrid), ronda los 70 años y lleva más de 40 aquí.

Era 1968, acababa de llegar junto a su esposo (español) a la estación de trenes de Valladolid, éste fue un momento a por las maletas, ella se quedó sola y un policía de paisano aprovechó para pedirle la documentación a Rosalind. Contrariado, al marido le explicaron que buscaban «identificar a gente como ella». El asunto dio pie a una denuncia por discriminación, un largo periplo judicial y un grato colofón: el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un dictamen en contra del Constitucional y dijo que la policía española no podía abordar a los ciudadanos por el color de su piel.

Se enciende el semáforo en verde y volvemos con Gabriel, en situación perfectamente legal, que dice que se sacó el teórico a la primera y el práctico a la quinta, que conoce el caso Rosalind y que quiere llevar a los tribunales de nuevo al Estado español.

Por todo este rosario que desgrana y que le tiene así: «Ahora, cada vez que veo a la Policía, mi corazón hace pummm».

En junio, unos agentes le hicieron parar y le registraron el coche cuando iba a la iglesia evangélica de Fuenlabrada. En julio, una patrulla se le puso en el carril contiguo en un semáforo y volvió a inquerirle sobre la propiedad del vehículo. El 6 de septiembre, cuando bajó a coger un pen drive, fue abordado al abrir su auto y vuelta a empezar. Por no hablar de esa extraña normalidad que consiste en no poder pasear en el día a día. «Ya no puedo caminar sin que me paren por Avenida de América, Pacífico, Nuevos Ministerios, Chamartín, Plaza de Castilla…», enumera.

El caso de Gabriel Mbuyamba le viene al pelo a la Open Society Justice Iniciative, una fundación que se ocupa de la discriminación racial y que está tratando de buscar casos como el del congoleño, para que los tribunales españoles cambien la jurisprudencia del Constitucional.

Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid. «La jurisprudencia del Constitucional legitima la selección étnica: viene a decir que es lícito que una persona con un determinado color de piel pueda ser abordada por los agentes; porque se presupone que quizás estén en situación irregular».

Por el trance de las solicitudes de identificación pasan cada año unos ocho millones de ciudadanos en España, según los datos que reconoce el Ministerio del Interior en sus anuarios, la mayoría de ellos inmigrantes .

Aunque la circular 3/2012 de la Dirección General de Policía prohibió expresamente este tipo de prácticas, lo cierto es que siguen siendo tan comunes que nuestro país acumula reproches internacionales. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de la ONU, el último informe de su relator especial sobre el racismo (junio de 2013) o el IV Informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia coinciden en una cosa: nuestros agentes siguen identificando sistemáticamente a sus ciudadanos de piel menos clara.

«Es un colectivo estadístico de poca gente a la que se le solicita muchas veces la documentación», resume gráficamente José Miguel Sánchez Tomás, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

Isabel Menchero, esposa de Gabriel, española y responsable de proyectos de cooperación de una ONG, habla del «dolor» del marido y del regreso de una sensación que él ya no sentía desde su época en Congo, donde vivió en guerra. La sensación de «sentirse perseguido».

Buscamos la paz al final. «Dentro de poco voy a tener una niña», concluye Gabriel. «No quiero que vea cómo la Policía para a su padre por nada. Quiero pasear tranquilamente con ella. Como todos los padres».

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el testimonio de Gabriel.