La Brigada Provincial de Información de la Policía apenas necesitó unas horas para detener a seis de los activistas de ultraderecha que el miércoles atacaron la sede de la Generalitat en Madrid en plena celebración de la Diada, agredieron a diputados y lanzaron gas pimienta, obligando a desalojar la sala en la que se encontraban también diplomáticos y empresarios. Otros seis agresores se entregaron voluntariamente en la comisaría de Moratalaz. Todos ellos, con edades entre los 23 y 56 años, son militantes de partidos de extrema derecha como Alianza Nacional o Democracia Nacional, se declaran herederos del fascismo, y algunos de ellos antecedentes penales nada desdeñables. El más veterano, Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo, fue condenado en el 2000 a 14 años de cárcel por tenencia de armas y material inflamable con los que pretendía atentar contra familiares de etarras. Distintas fuentes sitúan a Pérez de Herrasti Urquijo en el entorno familiar de Íñigo Méndez Vigo, secretario de Estado para la UE.

Por su parte, Pedro Chaparro Velacoracho, presidente de la juventudes de Democracia Nacional, y Víctor Diego Villalba tienen condenas por hurto. Además, varios de ellos figuraron en las listas electorales de extrema derecha. En concreto, Santiago Cabezuela García estaba en la candidatura de la Falange a las elecciones madrileñas del 2011 y Javier Marcos Aroca fue candidato de España 2000 en las generales del 2008. La única mujer detenida, Paula Mijares, con residencia oficial en Vallirana (Barcelona), no tiene antecedentes ni estaba en ninguna lista.

Los partidos de extrema derecha como Alianza Nacional y Democracia Nacional se dedican a la agitación de mano del ideario fascista sumando denuncias por xenofobia y racismo. Democracia Nacional mostraba ayer en su web los vídeos grabados en lo que ellos denominan “acto contra el independentismo”. Junto a estos, una foto de su líder y de Pedro Chaparro, detenido ayer. Suelen presentarse a la mayoría de elecciones aunque nunca han logrado representación.

De los seis detenidos por la tarde, dos tienen antecedentes de menor entidad aunque no trascendieron sus nombres. Todos están acusados de agresión, intromisión, desórdenes y daños y atentado contra la libertad de expresión y se prevé que pasen a disposición judicial en las próximas horas. Los investigadores ya han identificado al resto de participantes en la agresión.

Tras el ataque, en el que cinco personas resultaron heridas leves, el delegado de la Generalitat, Josep Maria Bosch, y el diputado de CiU Josep Sánchez-Llibre, presentaron la denuncia ante la policía. Sánchez-Llibre agradeció ayer en el Congreso el interés de todos los grupos políticos ante un acto “de enorme intolerancia y una muestra de catalanofobia que nada tiene que ver con el Madrid real” en el que lleva trabajando 22 años. Ante la tibia respuesta del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que calificó el acto de “lamentable acto vandálico”, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomaba la palabra en el pleno del Congreso para sostener que lo sucedido en la delegación de la Generalitat “no es admisible en democracia”. La sesión se cerró con el rechazo unánime de los grupos trasmitido por el presidente de la Cámara, Jesús Posada. Pero el debate no se cerrará aquí, el PSC ha pedido la comparecencia del ministro Fernández Díaz para explicar por qué no había policías en la celebración de la Diada en Madrid. Ayer, un centenar de personas se concentró ante la delegación como repulsa al ataque fascista.