La Audiencia Provincial de Alicante acordó ayer imponer una pena de un año y seis meses de prisión y una multa a la responsable de una gestoría que se dedicaba a emplear el cuño de dos empresas socias para formalizar contratos falsos a personas inmigrantes para que pudiesen legalizar su situación en el país. Las partes llegaron a un acuerdo por el que se redujo la petición inicial de tres años de cárcel.

Por este trámite, la mujer recibía entre 820 y 1.500 euros, tal y como se recoge en el escrito de acusaciones del Ministerio Público. No obstante, los titulares de dichos contratos no obtuvieron la nacionalidad española. Del mismo modo, los supuestos empleadores desconocían haber contratado a los inmigrantes , ni haber realizado oferta alguna de empleo.