El Servicio Canario de Salud (SCS) solo ha emitido 54 tarjetas sanitarias para inmigrantes en el último año, tras haber anulado casi 52.000 correspondientes a pacientes extranjeros en situación irregular en el Archipiélago en aplicación de la nueva legislación nacional sobre esta materia.

La titular de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, informó sobre estos datos ayer en una rueda de prensa en la que explicó que los profesionales sanitarios y las ONG han informado a este colectivo de la ventaja que supone poder acceder a la Atención Primaria en los centros de salud.

En este sentido, recordó que, tras el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno central, Canarias decidió ampliar los derechos de acceso a la sanidad para los inmigrantes en situación irregular.

Esta medida, destacó la consejera canaria de Sanidad, implicó la puesta en marcha de una tarjeta sanitaria que sólo se puede usar en el Archipiélago.

Brígida Mendoza recordó que, en aplicación de ese decreto, el Instituto de la Seguridad Social ha desactivado en torno a 52.000 tarjetas sanitarias de inmigrantes en situación irregular residentes en Canarias, aunque incidió en que un gran porcentaje de esos usuarios no habían accedido al sistema sanitario regional en el último año, aunque no detalló la cifra concreta de ese porcentaje.

Por ello, y para ampliar los derechos de este colectivo, se han flexibilizado aún más las condiciones de acceso a la tarjeta sanitaria, y los trabajadores sociales de los centros sanitarios ofrecerán ayuda a todos aquellos inmigrantes en situación irregular que quieran solicitarla, resaltó Brígida Mendoza.

Asimismo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mediará con aquellos países que dificulten el acceso a la información y documentación a sus ciudadanos, con el objetivo de que éstos no se encuentren con dificultades a la hora de tramitarla, indicó Brígida Mendoza.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias recordó también que ya se ha publicado el convenio de asistencia sanitaria, que es de obligado cumplimiento para la comunidad autónoma, puesto que se engloba dentro del Real Decreto.