Hace un año el Gobierno central decretaba la exclusión sanitaria de los sin papeles,
una medida que la mayoría progresista en el Parlamento foral logró
desactivar en Navarra, la única comunidad del Estado donde la atención
sanitaria ha continuado prestándose en las mismas condiciones en que se
venía haciendo hasta la reforma.

Pamplona.  Aunque Navarra es una excepción en el Estado, los colectivos que trabajan con extranjeros han detectado flecos durante este año como la prefacturación a inmigrantes que reciben atención en Urgencias o dificultades para difundir información en los centros de salud sobre el derecho a la asistencia gratuita.

La ley del PP, que se aplica en el Estado desde el 1 de septiembre y que retira la asistencia normalizada a extranjeros en situación irregular y solo contempla la asistencia gratuita en urgencias y para la atención al parto y posparto, ha creado un panorama desequilibrado entre autonomías. Algunas, como Navarra, la CAV, Asturias o Andalucía han decidido seguir garantizando la asistencia a estas personas aunque, a diferencia de la Comunidad Foral, con algún requisito que con anterioridad no exigían, como un periodo mínimo de empadronamiento, pero en otras, como Madrid o Castilla – La Mancha, las barreras para acudir a una consulta o conseguir la medicación son casi insalvables.